La vista oral de la causa por un supuesto delito de prevaricación contra el alcalde, dos concejales y el interventor del ayuntamiento de Torre-Pacheco, además de un aparejador, ha llegado a su final tras una sesión de siete horas. En las conclusiones, una y otra parte hablan de argumentos muy claros y contundentes en favor de sus tesis.

Noticias relacionadas:

Los abogados piden el archivo de la causa contra el alcalde de Torre-Pacheco

La alegación contra el archivo de una causa contra el alcalde de Torre-Pacheco se ultima esta semana

La Audiencia ordena reabrir una causa contra el alcalde de Torre-Pacheco

La Audiencia en Cartagena cambiará de magistrados para juzgar al alcalde de Torre-Pacheco

La causa contra el alcalde de Torre-Pacheco ya tiene tribunal

Piden una década de inhabilitación para el alcalde de Torre-Pacheco por prevaricación

El alcalde elude cualquier responsabilidad en los supuestos contratos adjudicados a dedo

"Me fui porque me faltó valor para llevar este tema a los tribunales; el héroe ha sido la Fiscalía"

La sesión ha comenzado a las nueve, con las pruebas periciales, destancado un interventor del Estado que ejerce en Murcia, que ha expuesto que la normativa  sobre contratos en los ayuntamientos "es de carácter nacional", para después, entre otros, declarar un interventor que ejerce en el ayuntamiento de Fuente Álamo, quien ha dicho que el sistema utilizado en Torre-Pacheco "era práctica habitual desde 1991", remarcando la característica de trabajo intelectual los elaborados por arquitectos. Después ha preguntado el fiscal, José Luis Díaz Manzanera, en un debate con momentos de tensión, "al ver su informe me quedé tan sorprendido que estaba deseando preguntarle", le ha dicho.

Minutos antes de las doce y media han comenzado los informes finales del fiscal, que ejerce la acusación pública, y las defensas de los imputados. Díaz Manzanera ha empleado más de ochenta minutos en su alocución, que ha comenzado indicando que en Murcia "no me consta que se haya seguido un juicio de estas características". Ha insistido que la "ley está para acatarla y en este sentido existe mucha jurisprudencia", apuntando que se fraccionaron facturas para buscar al vía de 'obra menor', siendo algunas como el proyecto Itineris, "una obra mayor, como se reflejaba en el programa electoral del PP". También señaló que el arquitecto, Cavas, "no justificó por qué facturaba al filo de los 12.020 euros", que es la barrera que marca la normativa. "Cuando el partido de la oposición denunció públicamente el asunto, tuvieron que decir 'nos han pillado', vamos a fraccionar". Continuó diciendo que se han "infringido varios artíuclos" y se preguntó "cuánto tenemos que esperar la sociedad para que los organismos públicos conozcan toda la normativa, pues llevan años excusándose". Respecto alinterventor, aseveró que no cumplió con su deber "y ya fue condenado por algo parecido en 2002 cuando estaba en el ayuntamiento de Cartagena". Considera que está clara la ilegalidad y sus responsables, utilizando frases como que el asunto está "contundentemente claro", "aplastante" y que es "clamoroso y evidente el incumplimiento de la legalidad". Concluyó diciendo que la reiteración "de la ilegalidad no convierte un acto en legal".

Después, también en una larga exposición, comenzó hablando por las defensas el abogado del alcalde de Torre-Pacheco, Daniel García. José Pardo Geijó comenzó hablando del archivo de esta causa y su posterior reapertura, de la 'contaminación' de varios magistrados de la Audiencia y poniendo en duda el trabjao del periodista (Chema Gil) que dio a conocer el asunto con la información recabada de un edil de la oposición. "Este asunto ha continuado porque en marzo de 2010 un magistrado creó la tesis de que podría haber indución a la prevaricación sin prevaricador, ¡ostras!". Reiteró que todo lo que se llevó a cabo en este asunto "fue lícito" y que los políticos no están obligados "a saberlo todo", pues para eso tienen a los técnicos, además de que no existe "dolo alguno" o intención de incumplir la ley, "y más cuando era lo que se hacía normalmente". Aseveró de su cliente, el alcalde, "hay tuvo que haberle calumniado porque no hizo nada malo… fue el concejal García Cobacho tapado por un periodista". Insistió en que no hay ninguna irregularidad "y no existe prueba alguna".

Carmen Guillén y José María Caballero defendía a los concejales José Saura y Santiago Meroño. Expusieron que en los días de juicio no se ha demostrado ilegalidad alguna y que no ha existido 'dolo', lo que es fundamental en un proceso penal. Vicente Pérez Pardo ha defendido la actuación del interventor, rechazando algunas de las obligaciones que se le adjudican, destacando que en cada ayuntamiento es el Pleno el que determina sus obligaciones. Sobre el asunto global, ha señalado que no concurren "elementos del delito, ni objetivos ni subjetivos, pues, además, la prevaricación es un delito intencional y aquí no hay dolo". Por último, el abogado Francisco Martínez-Escribano expuso sus argumentos para reclamar la absolución del arquitecto Francisco Cavas, supuesto beneficiario de los contratos, cuyas sumas económicas alcanzaron los 770.000 euros entre los años 2005 y 2007.

El asunto quedó visto para la sentencia del tribunal integrado José Luis García Fernández, Francisco José López y Rafael Ruiz Giménez.