Domingo, Julio 07, 2024
   
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"No quisiera estar en su labor, por eso no soy juez"

Es la frase que le dijo uno de los abogados al tribunal de la Audiencia en la conclusión del juicio contra cinco acusados, entre los que figura un guardia civil cuya arma se disparó accidentalmente, dejando parapléjico a otro de los protagonistas de una reyerta.

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La tercera y última sesión del juicio comenzó con la renuncia de la fiscal, el abogado del estado y los letrados de las partes a los informes forenses, dándolos por válidos sin necesitar de ser confirmados en sala. Después testificaron dos guardias civiles, quienes repitieron varias veces que apenas recordaban de su actuación aquel 23 de diciembre de 2005, remitiéndose al informe que elaboraron entonces.

El protagonismo lo cogió después la videoconferencia, sistema por el que se escuchó a uno de los peritos de criminalistas en esta causa (el otro se conoció en sala que ha fallecido en un accidente de tráfico). Dijeron que probaron el arma con 60 disparos, sin encasquillarse, lo que se podía haber producido por un golpe externo o por estar la salida de la expulsión muy próxima a un objeto. Un cartucho sin percutir apareció algo distanciado del lugar de la pelea, "puede suceder al montar el arma". Después, la prueba pericial química sirvió para conocer que el disparo se efectuó a un máximo de 3 centímetros de la víctima, según las pruebas practicas con esa arma presionando un tejido, contra el mismo estirado, a 5 centímetros y a 10, "se sabe por el tipo de mancha que deja, que fue la que comparamos con la camisa que llevaba la persona que recibió el disparo".

Llegó el capítulo final de conclusiones. La fiscal mantiene las peticiones iniciales. Dos años de cárcel para el guardia civil, más 600.000 euros de indemnización a la persona que recibió el disparo; multa de 450 euros para su cuñado; y penas de seis años y medio de prisión para los tres hermanos por lesiones y atentado contra la autoridad. En el caso del guardia civil, los letrados de la otra parte elevan la petición de pena a 9 años y 1.062.000 euros más intereses y costas.

La fiscal comenzó resaltando que los hermanos han variado sus versiones durante el proceso, mientras que el guardia civil ha mantenido la suya. "Sin embargo, el agente cometió una imprudencia grave, como señala el TS, ya sea de forma consciente o inconsciente, pues aunque no dudamos que su obligación era bajar para establecer la ley aunque no estuviese de servicio, ya cometió una imprudencia al pedir a su cuñado, un civil, que le acompañase". Continuó diciendo que bajar con la pistola "fue lo que creó la acción de peligro, pues el asunto no eran para detener a nadie. Además, tuvo tiempo de llamar a compañeros".  De los hermanos dijo que se contradicen en sus declaraciones, que no es creíble que uno cayese por recibir un golpe en la cabeza con la culata de la pistola, que todos aceptaron el uso de la maza y el piqueta para atacar al agente y que sabían que la otra persona era guardia civil. También consideró que no se rompió la cadena custodia con la pistola y que ésta se encasquilló "porque alguien la sujetó".

Aurelio Llanes, quien defiende al guardia civil y a su cuñado, señaló que los tres hermanos "eran unos señores violentos y agresivos, como se reflejó que hubo que llamar a la Guardia Civil por su actuación en un pub. Eso reflejó su talante y marcó el comportamiento". Continuó diciendo que su cliente "hizo un uso prudente del arma, era su deber y no hubo imprudencia" y que los hermanos "actuaron con una picoleta y un mazo, que no ha aparecido, además de que la otra parte no puede asumir que el agente se identificó, pues se desmontaría su soporte jurídico". Reiteró que el guardia civil sólo fue a identificar y que la situación fue provocada cuando se abalanzaron contra él, "hizo lo que debía al estar rodeado, como fue disparar al aire". También aludió a sentencias del Supremo "que dan la razón en que si se lleva a cabo una actuación como guardia civil se debe ir armado", añadiendo que no se puede admitir esa imprudencia, "porque no existió y porque se acabaría con el respeto hacia las fuerzas de orden y seguridad".

Evaristo Llano representaba a la persona que quedó en silla de ruedas y a uno de sus hermanos. Sostuvo en sus conclusiones que sus clientes no sabían que el hombre que se presentó era guardia civil, "incluso un agente que actuó esa noche dijo que no lo supo hasta que llegó al cuartel", además de que este asunto no debería ser delito por las lesiones, "sólo una falta pues lo único certificado por el forense es una cicatriz de 3 centímetros. Por eso, es absurdo pensar que mis clientes estaban golepando con uan maza y una picoleta". El abogado piensa, respecto al arma y el cartucho que apareció lejos del lugar de la pelea, que todo "se cocinó en el cuartel de la Guardia Civil, "donde el hombre que disparó ni siquiera declaró como detenido, además de que se le hicieron fotos a los hermanos para buscar testigos, a los que no se les mostró las fotos de la otra parte". Considera irregular que se enviasen el arma y las balas por separado para el informe pericial. También considera que el agente acusado ha ido cambiando su versión, "pues primero dijo que estaba a un metro, luego que le sujetaban los dos brazos, luego que era uno y finalmente que le agarraron la mano y la pistola".

Esto último también fue recalcado por Jaime Pallarés, abogado del tercero de los hermanos, "quien estaba en tal estado de embriaguez que, como han declarado todos, con tocarlo se caía. Además, en momento alguno portó arma u objeto en sus manos ni lesionó a nadie", por lo que reclama su absolución. También rechaza que pudiese saber que era guardia civil quien se presentó cuanto los tres hermanos, naturales de Murcia y que trabajaban como fontaneros, iban a la furgoneta tras las celebraciones por la comida de Navidad. "Estaban en el otro lado del vehículo y es imposible que lo supiesen". Volviendo al momento del disparo que causó la grave lesión de José Antonio, dijo que si su cliente hubiese "cogido por detrás los brazos del guardia civil, la bala hubiese salido hacia el suelo o hacia atrás, nunca hacia adelante".

El tribunal, presidido por Matías Soria, e integrado por José Francisco López y Rafael Ruiz, será el que resuelva con una sentencia complicada, pues como, en otro momento del juicio dijo Aurelio Llanes, "no quisiera estar en su labor, pues no es fácil, por eso no soy juez".

 

 

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