A. Salama ha sido condenado 'in voce' en el juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena a seis años y medio de prisión por la muerte del guardia civil Manuel Gómez, a quien atropelló con un turismo robado cuando iba en una motocicleta por la carretera que une Torre-Pacheco y Roldán en mayo de 2012. La reclusión se elevará en un año más pues tenía una condena por ese tiempo impuesta por robo por un juzgado de San Javier y que no cumplió entonces al ser inferior a dos años y carecer de antecedentes. La noticia inesperada estuvo en la detención en sala del segundo imputado, quien estaba en rebeldía y se presentó ante la posibilidad de llegar a un acuerdo, que no aceptó, por lo que fue detenido en la misma sala y será juzgado en una próxima vista oral.

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El juicio por la muerte del guardia civil Manuel Gómez el 10 de mayo de 2012, cuando iba en un ciclomotor por la carretera que une Torre-Pacheco y Roldán, llegó ayer a los tribunales ante mucha expectación y con una vista oral que podría haberse prolongado durante más de un día, pues eran más de veinte los testigos citados, además de los cuatro acusados (todos de origen magrebí) y la presencia de una fiscal, tres acusaciones particulares y cuatro abogados encargados de las defensas.

La fiscal solicitó para el principal acusado, A. Salama, cuatro años de cárcel y seis de retirada del permiso de carné de conducir por homicidio por imprudencia grave (en concurso con conducir sin permiso), tres años y multa de doce meses por la omisión del deber de socorro, dos años por el atentado contra los agentes y multas por el hurto del coche y por las lesiones a los agentes. Las penas eran elevadas por los abogados que representaban al padre, a la madre y a los hijos de la víctima, respectivamente, Beatriz Moreno, María José Olivares y Camilo J. Cela. La defensa corrió a cargo del letrado Pedro Andújar, quien fue el encargado de bajar al calabozo del Palacio de Justicia a plantearle al acusado la posibilidad de aceptar una pena de seis años y medio de prisión, la cual aceptó.

El segundo imputado, Y.Zacaríes, defendido por Raquel Cancela, se enfrentaba a las penas de omisión del deber de socorro y hurto de uso, pero estaba en rebeldía.

La sesión también tenía como protagonistas a dos personas acusadas de encubrimiento, quienes tuvieron como abogados defensores a Fernando J. Lorente Sánchez y José Miguel Roda, aceptando penas de seis meses de cárcel (se sustituirán por multa) más las costas.

Noventa minutos más tarde de la hora fijada para el inicio, después de las diversas negociaciones, todos los protagonistas entraron en sala, donde el juez Álvaro Bellas informó a los familiares (muy afectados, como era lógico) que los acuerdos alcanzados entre las partes les iba a evitar "un episodio tan doloroso". A continuación, la fiscal dio a conocer las penas establecidas, que fueron aceptadas por Salama y las dos personas acusadas de encubrimiento, y el juez preguntó a agentes jurídicos presentes si alguno iba a recurrir la sentencia, lo que negaron, por lo que 'in voce' declaró la firme de la sentencia.

Salama es condenado a 3 años de prisión por homicidio por imprudencia grave, con 6 años y medio sin carné de conducir, más dos años y medio por omisión del deber de socorro y un año por el atentado contra los guardias civiles cuando fue detenido, más multas por el hurto y las lesiones. Cabe recordar que la responsabilidad civil no se incluía en esta causa, que sólo se centraba en la responsabilidad penal, pues la indemnización ya fue satisfecha por el consorcio de seguros.

Salama lleva en prisión desde mayo de 2012, por lo que ha cumplido veinte meses, con lo que le quedaría cuatro año y diez meses. Esta cifra aumenta en un año que recibió como condena por robo en abril de 2012 por un juzgado de San Javier y que no cumplió en su momento al carecer de antecedentes y ser inferior a dos años, pero que se acumularía si delinquía más adelante.

Detenido en sala
Capítulo aparte merece Zacaríe. Estaba declarado en rebeldía, pero habló por teléfono con su abogada, quien le informó la posibilidad de alcanzar un acuerdo, por lo que se personó cuando la vista iba a comenzar. La fiscal había rebajado la spenas a una multa de 810 euros por omisión del deber de socorro y sendas multas de 400 y 280 euros por las lesiones a los guardias civiles cuando fue arrestado.

El acusado dijo aceptar la pena pero si se le fraccionaba el pago, lo que no fue aceptado. "Piense usted que se irá de la sala con la sentencia o al calabozo por su situación, pues está en requisitoria de un juzgado de Instrucción". Mantuvo su postura, esta vez alegando que era inocente, y el juez dictó orden detención que llevaron a cabo agentes de seguridad de la Guardia Civil en el Palacio de Justicia y Policías Nacionales minutos más tarde de que hubiese concluido la vista con los otros acusados. Esta persona será ahora juzgada más adelante de forma individual.