El ayuntamiento de Cartagena pretende que la familia Infante-Fajardo abandona la vivienda que ocupa desde 1998 en el Huerto de las Bolas, mientras que Juan Antonio y Antonia, el matrimonio, rechazan esa pretensión. La parte demandante alega que se debe aplicar el contrato de arrendamiento que firmaron en su momento con la anterior propietaria y los segundos alegan que realmente era una prestación de servicios, pues se encargaban del cuidado del huerto situado en Los Dolores-San Cristóbal (Cartagena) a cambio de vivienda, luz y agua.

El juicio verbal de desahucio lo inició el Ayuntamiento, quien estuvo representado por el abogado Miguel Fernández y el procurador José Antonio Zamora. El letrado expuso que el matrimonio que reside en la vivienda del Huerto de las Bolas firmó un contrato de arrendamiento con fecha 11 de noviembre de 1998, "donde no se estipula ni atisba prestación de servicios alguna, ni tampoco existen recibos o contratos que respalden esa labor que aseguran que han desempeñado". Con fecha 2 de octubre de 2007 se firmó la escritura de compra por parte del Ayuntamiento "que reflejaba que la finca no tenía cargas ni gravámenes , siendo más tarde cuando se descubre que residía una familia. En el año 2010, el Ayuntamiento concede una concesión administrativa de 20 años a la empresa que actualmente explota el restaurante y se le requiere a la familia para que entreguen las llaves, lo que hace con excepción de la de la vivienda que ocupan. Entonces, a través del instituto de Servicios Sociales se le ofrecen otras viviendas, que rechazan. Así, el 2 de octubre de 2012 se les requiere para que paguen la deuda del alquier acumulado (unos diecisiete mil euros) y para que abandonen el inmueble el uno de noviembre". Finalmente, se reafirmó en que el Ayuntamiento no está dispuesto a subrogarse al acuerdo que pudieran tener con la anterior propietaria, como pretenden los demandados.

Los argumentos de la otra parte son muy diferentes. Citaron a la anterior dueña para que diera fe de ese supuesto acuerdo, pero ésta no se presentó, por lo que la abogada María Antonia Álvarez García-Vaso, quien lleva este asunto de oficio, planteó diversos argumentos para tratar de demostrar esa circunstancia. "El contrato de arrendamiento nunca fue tal y creemos que, como apunta la jurisprudencia de otras sentencias de diferentes audiencias provinciales, las cosas osn lo que son y no lo que las partes quieren que sean", comenzó diciendo. La finca, de 3 hectáreas y 40 áreas, cuenta con un edificio centenario que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2005. "Mis clientes fueron los que atendían a las personas que iban a visitar el edificio para su declaración como BIC, por lo que era evidente que residían allí", fue uno de sus razonamientos. Otro que la familia, que cuenta con cuatro hijos, está empadronada en dicha dirección desde el año 2000. También destacó que el Ayuntamiento reconocía que eran los caseros "cuando le pidió que entregasen todas las llaves", que en la demanda que interpuso se refiere a ellos como "antiguos caseros" y que en el documento de entrega de llaves figura Juan Antonio Infante como "empleado-encargado de la finca". Considera, por tanto, que el Ayuntamiento tenía que ser conocedor de la existencia de esta familia y resaltó que en el contrato de compra de la finca figura que asume cuantos gastos de mantenimiento se deriven de la cesión de la propiedad. "Este asunto excede de un desahucio normal, que incluso podría alcanzar a un juzgado laboral o a un declarativo para aclarar el contrato".

Como testigo declaró la jefa de la unidad de Patrimonio municipal, que revisó al escritura de cesión, "donde quedó claro que iba libre de cargas". Aseguró que tras iniciar la concesión de dominio público para la torre y edificaciones auxiliares es cuando se enteró de la existencia de la familia, "que nunca ha hecho trabajo alguno a las órdenes del Ayuntamiento", dijo a preguntas de Miguel Fernández. En el turno de García-Vasco, manifestó que no vieron que esta familia estaba empadronada en esa dirección.

Entre las pruebas documentales, la parte demandada presentó fotos de diferentes épocas en las que se observa a esta familia en el Huerto de las Bolas. El juez admitió las imágenes, aunque el letrado Miguel Fernández expresó que las impugnaba porque no quedaba acreditado a qué años correspondían. Tres de esas fotografías las aportamos en este artículo.

Tras media hora de sesión en el juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena, el juez Juan José Hurtado declaró el asunto visto para sentencia.