* La causa por las sanciones de mil euros a ocho ecologistas se ha iniciado hoy en el juzgado de Lo Contencioso-Administrativo

* El representante de los demandantes considera que las multas se basan en un reglamento de 1976 "que es anticonstitucional"

* La abogada del Estado expone que se impuso una infracción leve, pero que no puede quedar impune la colocación de un candado en la puerta de un edificio público

* Los concejales de Izquierda Unida, con su presencia, muestran su apoyo contra lo que consideran "una cacicada" y resaltan los valores de los ecologistas

La sala de Lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, ante el juez titular, Juan Carlos González Barral, ha acogido esta mañana la vista por las sanciones de mil euros impuestas a ocho ecologistas que se manifestaron en 2009 ante la Autoridad Portuaria de Cartagena como protesta del proyecto de instalación de una terminal de contenedores en El Gorguel y zona de actividades logísticas.

El abogado José María Muñoz, por la parte que ha recurrido la sanción, ha sido el primero en intervenir, indicando que no existió "hecho alguno ilícito para aplicar esa sanción" y que se basa en un reglamento de 1976 "que es anticonstitucional y que está viciado, pues la Ley de Puertos de 1992 es la que señala el auténtico reglamento a aplicar". También aseguró que no se han acreditado daños en las instalaciones y que las multas fueron "represalias contra las personas que se oponen a un proyecto que dañará el medio ambiente, en una más de las actuaciones del presidente de la Autoridad Portuaria, pues se trató de un acto simbólico, pacífico y de breve duración".

A continuación, la abogada del Estado ha expresado la protesta "sólo fue pacífica porque no hubo armas, pues el grupo llegó a la fuerza y colocó un candado en la puerta de la Autoridad Portuaria durante 20 minutos. ¿Es legal esa actitud?, ¿no puede reaccionar la administración ante esos hechos?. Se trata de un menoscabo al uso de un edificio público cerrar la puerta de acceso del público, pues la violencia no se ejerce sólo contra las personas". También valoró las sanciones diciendo que han sido "proporcional a los sucedido, es decir, una sanción leve y no grave, además de que no se ha reclamado indemnización alguna".

Los ecologistas presentaron un cuestionario de preguntas para el presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, que ha llegado al juzgado, pero que no han llegado a los demandantes, por lo que no las han podido estudiar. Por dicho motivo, el juez ha aplazado la continuación de la vista oral para el 29 de noviembre. "Se suspender para no causar indefensión", ha explicado González Barral.

Al juicio han acudido numerosos ecologistas, junto a los concejales de Izquierda Unida en Cartagena, Cayetano Jaime Moltó y María Rosa Mateo, para quienes esta demanda es “una cacicada ya habitual en quien la promueve, alguien que ante sus pretensiones megalómanas solo entiende la claudicación y el halago y se muestra intransigente con quienes ejercen la crítica y la respuesta ciudadana”. Desde la formación de izquierdas se ha destacado que los miembros de Ecologistas en Acción llevados a juicio “representan la defensa de los valores ambientales de todos los cartageneros”.

La vista se ha celebrado en el juzgado situado en la plaza Doctor García Marcos de Cartagena. A su conclusión, los ecologistas presentes se han trasladado a la fachada del Palacio de Justicia para reforzar la defensa de los ocho compañeros multados.

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