Era un activo narcotraficante que, entre otras funciones, se dedicaba a buscar en España a personas pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para conseguir informaciones y las coberturas necesarias para efectuar el desembarco de droga en la costa. Así define la Fiscalía a la persona que, por tercera vez, se intentará juzgar este próximo jueves.

El pasado 21 de abril fue suspendido el juicio al fallecer el padre del letrado de la defensa, Fernando Villuendas. El 28 de junio se repitió el resultado, esa vez por la ausencia de tres testigos, dos de ellos citados a instancias de la defensa y uno por la Fiscalía. ¿A la tercera será la vencida?

Esta causa es una parte de otra ya juzgada pero en la que quedaba por resolver la responsabilidad de otro acusado que entonces fue declarado en rebeldía. Ambos fueron considerados componentes principales de la organización y, en el caso que será juzgado el miércoles, se trata del encargado de buscar agentes policiales para facilitar los desembarcos.

Un agente de la Policía Judicial, encubierto con el sobrenombre de 'Carlos' ,se hizo pasar con un 'posible agente corrupto', comprobando las auténticas intenciones del acusado cuando le ofreció una importante cantidad de dinero si participaba en la introducción de un importante cargamento de hachís en la Región. A cambio, debía suprimir las vigilancias en la costa. Ese mismo mes, septiembre de 2004, tuvo lugar un desembarco de 88 fardos de resina de cannabis en Isla Plana. La Guardia Civil seguía la pista y se presentó en una vivienda de La Azohía, donde encontraron 45 fardos en una furgoneta y 41 dentro del inmueble, deteniendo a los autores.

La droga hubiese alcanzado un valor de casi cuatro millones de euros en la venta al por mayor en el 'mercado negro' y de 10.795.000 euros en la venta al menudeo.

Juzgado: Sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena. El juicio se fija para el jueves día 14 de octubre, a partir de las 10.30 horas. Puede asistir como público cualquier ciudadano.

Delito: Contra la Salud Pública

Acusado: Mokhtar E. G., de 50 años de edad y sin antecedentes penales.

Petición de pena: Seis años de cárcel de cárcel más el pago de 40 millones de euros, con 200 días de responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago siempre que la pena supere los cuatro años.