El juzgado de Lo Social número 1 de Cartagena acogió ayer la vista oral de una causa iniciada por la reclamación de Pepa Olmos, quien ocupó cargo en la ejecutiva de UGT, de cuatro años en los que trabajó para el sindicato sin estar dada de alta. La parte demandada, por su parte, rechaza todas las pretensiones de la actora en una causa en la que amigo han tenido que defender intereses contrapuestos.

Pepa Olmos cambió su habitual papel de defender los intereses de los afiliados de UGT ante los empresarios en los tribunales a tener enfrente al propio sindicato y tener el rol de 'defendida', siendo la letrada que la representó Isabel Rosique. La sindicalista denunció que entre noviembre de 1991 y julio de 1995 estuvo desarrollando trabajos para el sindicato, que cobró, pero que no fue dada de alta ante la Seguridad Social. Por su parte, Lorenzo Peñas, abogado de UGT en este caso y que reconoció tener amistad con la actora, asegura que durante esa etapa Pepa Olmos estuvo desempeñando trabajos de pasante. El juicio ha contado, como público, con la presencia de Manuela Hernández, integrante de la actual ejecutiva regional de UGT.

La demanda reclama que se refleje la auténtica antigüedad de la trabajadora y que se condena a UGT a pagar 1.932 euros de trienios pendientes.

En su declaración, Pepa Olmos, dijo que esa situación porque temía "que me despidieran, como le pasó a otra compañera, y yo lo que quería era trabajar" y que después, cuando estuvo en la ejecutiva regional (hasta 2009) y fue responsable de los servicios jurídicos (1995 a 2002) "ni debía ni podía, por lo que esperé hasta dejar de ser 'jefa'; pues he visto como se han ido regularizando otras situaciones". También rechazó que dejase el cargo de la ejecutiva por conflictos internos. "Lo hice al fallecer el secretario general".

La parte actora presentó como testigo a quien en 1991 tenia el cargo de secretario de organización de la Unión Comarcal, quien ha dicho que Pepa llegó con el título de graduada social bajo el brazo y que empezó a trabajar cobrando y con despacho propio como asesora laboral. "La entonces ejecutiva regional me dijo que la harían contrato, pero luego fueron dando largas". También dijo que se encargaba de pagarle las doce mensualidades y dos extras. Un activo sindicalista de entonces también declaró que Pepa Olmos era quien les asesoraba, mientras que una limpiadora apuntó que en ocasiones cobraban a la vez el salario.

Por su parte, el abogado de UGT apuntó al secretario de organización que esos pagos "eran como gastos de kilómetraje, como reflejan los recibos" y que el sindicalista "sabe que tenía despacho, pero no la diferencia de un pasante con una graduada social".

La letrada Isabel Rosique concluyó que había quedado acreditado su trabajo ("empezó ganando un suedo de 40.000 pesetas y fue subiendo hasta 110.000 pesetas") y que esa labor la alternaba con otras abogadas, además de que los pasantes se incorporan a UGT mediante contratos con universidades que entonces "no existieron".

Lorenzo Peñas, por su parte, apuntó que tuvo cargos de responsabilidad para haberse planteado antes este asunto y que esta demanda podría ser "una especie de 'vendeta' por problemas internos, pues pretende un reconocimiento que nunca existió, pues su trabajo era de pasante". También resaltó que no hay un listado de las innumerables actuaciones que, de ser cierto, hubiese asumido y resaltó la ausencia en el juicio de las compañeras que entonces tuvo. "No hay pruebas contundentes ni testigos cualificados".

El magistrado Carlos Contreras, tras una hora de vista, declaró el juicio visto para sentencia.