Las Juventudes Socialistas de Cartagena han expresado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de no suspender cautelarmente la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del embarazo, y se han mostrado convencida de la “constitucionalidad de una ley que tiene como objetivos fundamentales proteger el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad, y reducir el número de embarazos no deseados en nuestro país”.

Los jóvenes socialistas han recordado que en nuestro país "nunca se ha suspendido cautelarmente una ley aprobada por la Cortes”, y ha acusado al PP de mantener una “actitud demagógica y partidista basada en mensajes moralistas y erróneos, que tiene como único objetivo crispar y confundir a la ciudadanía, y ofrecer una imagen distorsionada de la mujer, y de manera especial de las mujeres jóvenes”, indica un portavoz.

Para la organización juvenil, la actitud del PP desde que se inició el trabajo para reformar la anterior ley del aborto ha mostrado que, a pesar de los muchos avances que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos años, “el principal partido de la oposición sigue anclado en una visión machista y patriarcal sobre el papel de la mujer en la sociedad. Una visión que se ha reflejado en una estrategia oportunista de insumisión con la que no sólo niega la capacidad de las mujeres de nuestro país para tomar decisiones responsables sobre su propia maternidad, sino que además rompe la equidad territorial e intenta desacreditar nuestro Estado de Derecho”.

“No nos cansaremos de repetirlo, el objetivo fundamental de la ley es evitar los embarazos no deseados, y por tanto reducir el número de abortos en nuestro país. Por eso, la ley hace especial énfasis en la educación, a través de la puesta en marcha de una  Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que permitirá que la ciudadanía, especialmente los jóvenes, tengan acceso a más y mejor información que les permita tomar decisiones sobre su propia sexualidad con mayor libertad, y responsabilidad”.

“Es una ley que defiende el derecho de la mujer a decidir sobre si ser madre o no, pero que evidentemente no obliga a nadie a interrumpir su embarazo”, afirman desde JS Cartagena que concluyen explicando que se trata de una ley que recoge las recomendaciones en materia de interrupción voluntaria del embarazo que realizan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa, “lo que homologa nuestra legislación a la existente en 20 de los países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Francia o Italia, donde sus leyes están vigentes desde los años ochenta”.