El abogado José Luis Mazón y el periodista José Juan Cano Vera  le acusan de malversación y prevaricación junto al consejero Cerdá y el ex consejero Bernal. Se reservan acciones contra la Fiscalía Anticorrupción “por desfigurar la realidad y el marco jurídico”.

El abogado José Luis Mazón y el periodista José Juan Cano Vera han presentado querella en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, como presidente del Consejo de Gobierno, que aceptó la donación de los terrenos de la balsa Jenny y por su posición jerárquica en la estructura administrativo-política de la institución donde se gestaron los hechos, de la cual se infiere jurídicamente que, salvo prueba en contrario, es principal autor, según la querella.

Se trata de una ampliación de la querella presentada hace cinco meses por la misma causa contra el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y el ex consejero de Economía, Juan Bernal, y que se encuentra en una situación extraña en la actualidad, dada algunas contradicciones de la Fiscalía Anticorrupción.

En el texto de la querella, los denunciantes argumentan que el querellado era el Presidente del Consejo de Gobierno que el 23 de noviembre de 2001 aprobó la aceptación de la donación de los terrenos donde se ubicaban los residuos tóxicos de la balsa Jenny a sabiendas de dicha condición o carga a cargo de los fondos públicos que iban a ser malversados.Por tanto el querellado era, a título indiciario, presunto autor y no debe ir la querella solo contra los que van a la zaga, dejándonos fuera del proceso de responsabilidad,  al máximo responsable”.

Advierten en el texto jurídico, al que ha tenido acceso VMPress, que “el ahora nuevo querellado o tal vez personas de su grupo político ubicadas en altos niveles, están desplegando las máximas cautelas para que no se reconozca la realidad y se decidan las actuaciones en forma contraria al principio de legalidad aunque sea causando un escándalo. Indicio de ello es la incomprensible postura de la Fiscalía Anticorrupción emitiendo un informe donde se desfiguraba y tergiversaba tanto la realidad como el marco jurídico para hacer exentos los hechos de la debida responsabilidad jurídico penal, por lo que nos vemos obligados reservarnos, llegado el caso, las acciones contra tan arbitraria posición de la citada Fiscalía. Si los Fiscales del caso Gürtel han sido imputados por la Sala II del TS, por no oponerse a la decisión del juez Garzón de espiar los locutorios de los abogados, los intervinientes en este proceso pueden llegar a contraer gravosas responsabilidades. Según fuentes periodísticas de toda solvencia, la Fiscalía Anticorrupción, los fiscales entonces al cargo, vieron materia para ir contra Valcárcel y otros Consejeros pero “la superioridad”  decidió dar el carpetazo por criterios políticos  que a posteriori ha intentado justificar jurídicamente de forma injustificable”.

Además, añaden, “en las actuaciones del Tribunal de Cuentas podemos decir tres cuarto de lo mismo, que el querellado o sus protectores de partido han logrado que el TCU haga lo insignificante importante y lo importante insignificante, con pérdida de credibilidad para el citado órgano institucional, controlado en sus nombramientos, no lo olvidemos, por los partidos políticos PP y PSOE ya que se trata de nombramientos políticos temporales para habituales simpatizantes y servidores de sus respectivas filas”.

Según el documento presentado en el TSJ, a última hora del pasado viernes, “los consejeros querellados no podían tomar ellos solos la decisión de implicarse en tan burda e irracional operación “Jenny”. Parece que, según nuestras informaciones, los dos máximos ejecutores de la presunta malversación y prevaricación, fueron el jefe, Valcárcel, y su hombre de confianza, Cerdá, y que el Consejero Economía fue empujado por su superior. La investigación que se abra debe de aclarar este punto”.

La denuncia de Mazón y Cano Vera se presentó hace cinco meses en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y la autoridad judicial todavía no había tomado una decisión al respecto.

Desde el despacho del letrado mantienen serias dudas acerca de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y se preguntan por el auto de archivo que debiera estar en alguna parte desde hace tres años.

Asimismo, fuentes del bufete afirman que llevarán las actuaciones del caso Jenny a todos los niveles que sean necesarios para que se depuren responsabilidades.

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