La Asociación de Vecinos de Santa Ana (Cartagena) han reanudado el proceso judicial que se interrumpió el pasado mes de marzo ante la posibilidad de que tanto el colectivo vecinal y el Obispado solucionase de forma extrajudicial el conflicto por la titularidad de un inmueble. ¿Local social o salón parroquial?. Ahí está la cuestión.

El debate está en aclarar la titularidad del suelo del local social. ¿Pertenece la Obispado o a la asociación de vecinos? El Obispado registró el terreno a su nombre en 2006, alegando que existen documentos de 1929 que les dan la razón. Los vecinos, por su parte, presentaron en 2008 una demanda de dominio en el juzgado, además de solicitar la anulación de ese asiento en el Registro de la Propiedad y que se les reconozca como propietarios. También aportan documentos históricos que reflejan que el centro social y la ampliación de la antigua ermita se llevó a cabo gracias al dinero de los vecinos, "entre otras ampliaciones, además del pago de los recibos de los consumos eléctrico y de agua", exponen.

Este asunto ocasionó diversas tensiones y enfrentamientos entre el presidente vecinal, Francisco Vallés, y el párroco de Santa Ana, Escudero, dos personas que trabajan por sus vecinos desde sus respectivas posiciones.

En noviembre se celebró la audiencia previa entre ambas partes.  A su conclusión, el juez Romualdo García fijó la fecha del juicio para cuatro meses más tarde, pero el proceso se paralizó a expensa de las negociaciones extrajudiciales que se iban a mantener.

Por un lado estaba la directiva de la asociación de vecinos, que preside Francisco Vallés, junto al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Leandro Sánchez, y la letrada María del Mar Florenciano. Por el otro, el vicario de Cartagena, José Abellán, y el abogado Clemente Campillo Ballesta por parte de la sede Plena del Obispado en Cartagena.

La iglesia quería el 100% de la titularidad y cede el usufructo durante 30 años a los vecinos. Estos, a su vez, buscaban una 'solución salomónica' repartiendo el local al 50%. El Obispado no aceptó esa propuesto y los vecinos han reanudado su petición de que sean los tribunales los que resuelvan el conflicto.