Antonia S. C. fue condenada ayer a una pena de un año y nueve meses de cárcel más el pago de 35.794 euros como autora de sendos delitos de Atentado y Lesiones debido a la agresión que llevó a cabo en febrero de 2006 a una doctora del centro de salud de la Barriada Virgen de la Caridad de Cartagena.

Un día la amenazó y en el siguiente la agredió. Ésa fue la actitud de de Antonia hacia su doctora de cabecera en el centro de salud Cartagena-Este.

Ahora, cuatro más tarde, se ha visto en el juzgado con la amenaza de duras condenas. El fiscal reclamaba una condena de dos años y medio de cárcel, mientras que la acusación particular solicitaba año y medio por el delito de Lesiones y tres años por Atentado.

Entre los testigos figuraban médicos y dirigentes del Servicio Murciano de Salud, como el actual director del Rosell, Manuel Ángel Moreno, entre otros.

El juicio estuvo a punto de no celebrarse, pues cuando pasaban 35 minutos de la hora prevista y la jueza María del Carmen Fillol estaba a punto de declarar a la acusada en rebeldía, Antonia apareció por la puerta 'muy acelerada'.

Entonces, su abogado, Santiago Castillo Parrilla, negoció un acuerdo con el fiscal y el letrado de la acusación particular, que reducía la pena de cárcel. Trasladó la propuesta a su cliente, quien la aceptó.

Sin embargo, cuando la jueza le preguntó si estaba conforme con la sentencia, Antonia dijo: "No". Le volvió a preguntar la jueza y respondió que no sabía cómo expresarse, a lo que le indicaron que sólo existían dos formas: Sí o no. Finalmente dijo el ansiado 'sí'.

La pena es de un año de cárcel por Atentado y nueve meses por Lesiones, con inhabilitación de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También deberá pagar las costas del proceso más los salarios que recibió el facultativo que sustituyó a la doctora durante los dos meses que estuvo de baja, entre otros gastos. La cifra es de 35.794 euros.

La jueza le preguntó si tenía dinero para pagar y Antonia respondió que no tiene "ni casa, ni coche, ni nómina... no tengo nada".

El abogado de la defensa pidió la suspensión de la pena de entrar en prisión, a lo que respondió el fiscal que antes de adoptar esa decisión hay que esperar a que pague la responsabilidad civil o justifique que es insolvente.

Las partes aseguraron que no recurrirán la sentencia, que se declaró firme.

Por último, indicar que la doctora fue indemnizada por la compañía de seguros Zurich.