El Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, que incluye a los letrados del Partido Judicial de San Javier, está haciendo gestiones con el objetivo de que la asistencia sanitaria pública abarque a este sector, como sucede en otras comunidades como Asturias, Galicia o Cataluña.

Los abogados, además del pago del impuesto de autónomo, tienen entre sus obligaciones las cuotas de la Mutualidad General de la Abogacía, que en realidad es un plan de previsión, pero para contar con asistencia médica deben recurrir a servicios particulares. La junta de gobierno de Icamur, que preside Francisco Martínez-Escribano Gómez, pretende ahora que la asistencia médica pública a los abogados, que ya funciona en algunas comunidades autónomas, llegue a la Región de Murcia.