El juicio previsto para esta semana en el juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena entre los vecinos del pueblo de Santa Ana y el Obispado ha quedado en suspenso al aparecer una vía de acuerdo extrajudicial. El asunto de fondo es la titularidad de un inmueble. ¿Local social o salón parroquial? En esa cuestión radica todo el conflicto.

En noviembre se celebró la audiencia previa entre ambas partes, con la letrada María del Mar Florenciano representando al colectivo vecinal y el abogado Clemente Campillo Ballesta por parte de la sede Plena del Obispado en Cartagena. A su conclusión, el juez Romualdo García fijó la fecha del juicio, que ahora ha sido anulada a expensas de una reunión que se mantendrá en las próximas fechas entre el vicario de Cartagena y el abogado del Obispado con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, Leandro Sánchez, y la letrada María del Mar Florenciano.

El conflicto ha ocasionado tensiones y enfrentamientos entre el presidente vecinal, Francisco Vallés, y el párroco de Santa Ana, Escudero, dos personas que trabajan por sus vecinos desde sus respectivas posiciones y que mantienen una relación convulsa.

La causa está en el suelo que existente entre el local social y la iglesia. El Obispado registró el terreno a su nombre en 2006 y los vecinos presentaron hace justamente un año una demanda de dominio en el juzgado. Solicitaron que se anulase ese asiento en el Registro de la Propiedad y que se reconozca que es propiedad de los vecinos.

El párroco no habla de este asunto, remitiendo cualquier comentario a los servicios jurídicos del Obispado, que defienden que existen documentos desde 1929 que les dan la razón.

También aportan documentos históricos los vecinos. "Además, el centro social y la ampliación de la antigua ermita se llevó a cabo gracias al dinero de los vecinos, entre otras ampliaciones y el pago de los recibos de los consumos eléctrico y de agua", exponen.