El pescador se enfrenta a sanciones que oscilan entre los 201 y los 3.000 euros por infracción a la Ley de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región. Los ejemplares, que arrojaron un peso total de una tonelada y media, han sido intervenidos y la embarcación ha quedado inmovilizada cautelarmente.

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La Guardia Civil de la Región de Murcia, en uno de los servicios enmarcados en el ‘Plan contra las capturas ilegales de atún rojo’, ha inspeccionado, en la costa de San Pedro del Pinatar, una embarcación en la que han sido halladas e intervenidas ocho piezas de atún rojo, thunnus thunnus, capturadas ilícitamente. El patrón de la embarcación ha sido denunciado por presunta infracción a Ley 2/2007, de 12 marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia.

La actuación se llevó a cabo el pasado sábado, cuando especialistas del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, dentro del dispositivo especial de inspección de embarcaciones, profesionales y de recreo, dirigido al control de posibles capturas ilegales de atún rojo, inspeccionó un pesquero en el que fueron halladas ocho piezas de esta especie, evisceradas, a bordo.

Superaba en siete veces la cuota establecida para estas capturas
Al tratarse de una especie protegida, cuya captura se rige por periodos de veda establecidos y por cuota –no más de un ejemplar por día y embarcación–, la Benemérita decomisó los ocho especímenes, capturados ilícitamente, y también las artes de pesca. El pesquero resultó inmovilizado cautelarmente.

Los ejemplares fueron depositados en la cofradía de pescadores del puerto de San Pedro del Pinatar, para su examen por los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma y su declaración de aptitud para el consumo humano.

Ante las irregularidades detectadas, la Guardia Civil ha denunciado al presunto infractor, un vecino de la localidad de Roquetas de Mar (Almería), por infracción a la Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia

La sanción establecida para este hecho, considerada infracción grave, oscila entre los 201 y los 3.000 euros, según la normativa autonómica de aplicación.

En el dispositivo han participado guardias civiles del Servicio Marítimo Provincial de Cartagena, que han contado con la colaboración de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.