Un matrimonio que lleva la gestión de casas rurales en Cartagena acusa de persecución, coacción, amenaza, allanamiento, acoso y abuso de poder a un policía local que el pasado uno de enero “accedió a nuestra casa sin consentimiento y sin motivo que lo justificase, intimidando a nuestros huéspedes, que estaban celebrando el año nuevo, llegando a exigir que se identificaran”, exponen en el escrito que han presentado en el ayuntamiento de Cartagena dirigido al edil de Seguridad, Mariano García, a quien reclaman que se le abra un expediente disciplinario para investigar si existió abuso de poder y que se les facilite el informe del agente sobre su intervención en dicho inmueble para aportar en la querella criminal que van a poner en los tribunales, “que ampliaremos a autoridades y mandos si no se nos facilita ese documento”.

Cartagena de Ley ha tenido acceso al escrito que entró en el Ayuntamiento el pasado 8 de enero presentado por un matrimonio cuya actividad laboral se centra en el sector de las casas rurales y que considera que está sufriendo una persecución por parte de un agente de la Policía Local. Por otro lado, este periódico también ha intentado, sin éxito, contactar con el concejal de Seguridad Ciudadana.

El matrimonio argumenta su denuncia en la actuación de un agente de la Policía Local, motivo por el que se reunió el 2 de enero con Mariano García y con el coordinador de Seguridad, Juan Antonio Calabria del Mazo (a quienes expresan su agradecimiento por recibirlos), y por el que presentaron un escrito el pasado jueves. Afirman que el agente volvió a aparecer de forma sorpresiva en las casas rurales “tras un año aproximadamente y sin causa que lo justifique (…) tal y como nos había prometido”, intimidando ahora “con su uniforme, pistola y coche patrulla a nuestros huéspedes y accediendo a la casa sin nuestro consentimiento”.   
Continúa la denuncia indicando que, al ser preguntado por los huéspedes, respondió el policía que tenía que inspeccionar la casa “tanto en su interior como en su jardín, haciendo gala de miradas amenazantes, tonos de voz chulescos y formas autoritarias más típicas de un portero de club de alterne o de otros países sin democracia”. La propietaria llegó después al lugar y le pidió “que se fuera urgentemente de la casa porque la estaba allanando, pero entonces el funcionario se dirigió hacia la parte trasera del inmueble”, donde la dueña lo siguió, quedando a solas, “lo que aprovechó el agente para amenazarla con detenerla si intentaba obstruir su inspección mediomabiental, por lo que la mujer, más asustada si cabe, volvió a refugiarse en la multitud de los huéspedes”.
Continúa el escrito reseñando que el policía pidió a los presentes que se identificasen, “provocando las protestas y sólo identificando a dos”. Después se marchó, no sin antes decirle a la propietaria: “Su marido me conoce, si quiere algo que se vaya a los juzgados, que bien saben dónde están”. Al parecer, se refería a una denuncia penal que el propietario interpuso con anterioridad contra el agente, a quien acusó de abuso de poder, amenazas y contra la integridad moral. “Hay otra denuncia similar de un tercero contra el mismo policía”, añade el matrimonio. Este asunto lo lleva el juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, habiéndose señalado las declaraciones ante el juez para el 20 de enero.
La denuncia remarca que el policía accedió sin autorización a una casa recientemente clasificada como ‘De intrés turístico regional’ por la Comunidad Autónoma y que tiene carteles prohibiendo el acceso. “Yo llegué a la casa cuando se había marchado el agente y llamé a la central de la Policía Local, donde me indicaron que no había orden alguna o llamada de vecino que justificase esa irregular actuación, ni que el agente hubiese avisado de que tuviese algún tipo de sospecha para llevar a cabo la ‘redada’ en la vivienda”, indica el esposo. 
También se hace alusión a que la Ley regional nº 4/1998 recoge las faltas graves y muy graves en el abuso de atribuciones de los agentes de la autoridad, por lo que piden al edil de Seguridad que se inicie un expediente disciplinario “y que se desarrolle la prueba con nuestra intervención para investigar si existió abuso de poder”. También se le pide que se facilite el informe levantado por el agente sobre su intervención para acompañarlo a la querella criminal contra el policía, “que ampliaremos a las autoridades y mandos si no se nos facilita”.
Los denunciantes no quieren que este asunto abarque a todo el cuerpo, “pues tenemos una Policía Local de la que podemos sentirnos orgullosos, pues porque exista una manzana descompuesta no puede decirse que el manzano esté podrido”.