El próximo 14 de Diciembre se cumplirán dos años desde que la Plataforma ciudadana Democracia real YA! formuló ente la Fiscalía de la Región de Murcia una exposición de hechos que consideraba de la máxima gravedad acerca de actuaciones que en materia urbanística había desarrollado el ayuntamiento de Cartagena durante las últimas décadas. Desde entonces, ninguna asunción de responsabilidades políticas ni penales sobre unas acciones, cuando menos irregulares, que tuvieron lugar, incluso, desde antes de los años noventa del pasado siglo, y cuyas ramificaciones llegaron incluso a la recientemente destapada trama de la 'operación Púnica'.

• Documento de archivo de la Fiscalía

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Recientemente los medios de comunicación publicaban abundante información del que fuera el anterior alcalde José Antonio Alonso en relación a esta trama, mencionando precisamente la denuncia de DRY  en este aspecto, relativo a la forma en que se procedió a la expropiación de las viviendas de numerosas familias del Casco Antiguo donde se edificaría posteriormente el barrio universitario por parte de la empresa Puerta Nueva. El otro aspecto de la denuncia contemplaba la pérdida de 3,5 millones euros del erario público por dejación de funciones del Ayuntamiento, al no reclamar las plusvalías correspondientes durante una serie de años.

La Fiscalía archivó la causa sin pronunciarse acerca del tema de las expropiaciones y respecto a la pérdida económica la consideró en parte subsanada por la sentencia condenatoria de septiembre de 2013 que obligaba a Puerta Nueva a restituir 2 millones del euros al erario público, considerando al respecto que no constituiría delito, sino en todo caso, dejación de funciones por parte del Ayuntamiento durante los años que no exigió el pago de plusvalías a Puerta Nueva. Donde sí apreció indicios de delito es en el proceso de adjudicación, sin poder traladar al juzgado tales hechos por haber prescrito.

El escrito de Fiscalía recoge de forma textual:
"Hasta este momento podría existir indicios de un delito de prevaricación administrativa cometido por todo el Consejo de Administración de la empresa municipal Casco Antiguo, al haber adjudicado un contrato prescindiendo de la puntuación ofrecida por la mesa de contratación amparándolo en una discutible mejora de oferta, pero tal delito habría prescrito al haber transcurrido más de diez años desde su comisión".

Sin entrar en valoraciones jurídicas, y pasados dos años desde que estos hechos fueron denunciados y casi un año desde su archivo por la Fiscalía, Democracia real YA! quiere exponer lo siguiente:

- La Fiscalía consideró en su escrito que había indicios de delito de prevaricación en la actuación de la alcaldesa y su equipo al adjudicar el contrato de actuaciones urbanísticas a Puerta Nueva por encima de Ferrovial, al empresa con mejor baremo.
- Que José Antonio Alonso, al anterior alcalde a Pilar Barreiro y ahora imputado en la operación Púnica, era el gerente de Puerta Nueva por aquel entonces.
- Que sólo el tiempo transcurrido (mayor de 10 años) habría impedido que estos hechos pudieran ser juzgados, al haber prescrito los presuntos delitos cometidos.
- Que siguen sin investigarse las circunstancias en que se hicieron las expropiaciones previas al proyecto de Residencial Puerta Nueva, para intentar paliar las posibles irregularidades que pudieran haberse cometido desde la administración minicipal.
- Que la alcaldesa ha sido investigada en este tiempo en otro caso, el de Novo Cartago, junto a otros cargos de la administración regional.
- Que el anterior alcalde José Antonio Alonso aperece igualmente imputado en la trama estatal de la 'operación Púnica'.

Resulta inverosímil en este conjunto de circunstancias que ni la alcaldesa Pilar Barreiro ni otro representante político municipal hayan asumido hasta el momento las responsabilidades políticas que se derivan de las mismas, mostrando a las claras nuevamente el talante y forma de hacer política de un partido ahogado entre decenas de acusaciones de corrupción e imputados en todos los niveles de la administración regional.