"Es una tomadura de pelo a los murcianos” que Garre aluda a la normalidad de los casos de corrupción para quitar importancia al requerimiento de la Fiscalía sobre una desalinizadora que “nos va a costar 600 millones de euros”, indica la responsable regional de Unión Progreso y Democracia, Fuensanta Máximo.Por su parte, Izquierda Unida-Verdes señala al presidente autonómico que lo insoportable "no son las investigaciones judiciales, sino la corrupción que está en el origen de las mismas".

UPyD
Fuensanta Máximo ha recriminado a Garre la “frivolidad” con la que trata los casos de corrupción que afectan a miembros de su Gobierno. En este caso se ha referido a las declaraciones del presidente de la Comunidad, en donde afirma que “ya no es noticia, es el pan nuestro de cada día y estamos habituados a estas diligencias”, tras la reciente petición de información por parte de la Fiscalía sobre la desalinizadora de Escombreras, para investigar si existieron anomalías en su construcción y posterior funcionamiento.

Igualmente, la máxima dirigente regional de UPyD ha subrayado que “es una falta de respeto a los murcianos” que la planta de Escombreras “nos cueste un millón de euros cada mes hasta el año 2030 y un total de 600 millones de euros”, cuando se están “retrasando pagos en Dependencia y recortando presupuestos en Sanidad y Educación“.

Tal y como explica la portavoz de la formación magenta, la inutilidad de la desalinizadora de Escombreras refleja la “pésima gestión del Gobierno regional” que ha despilfarrado el esfuerzo de los murcianos en infraestructuras que no solamente están infrautilizadas, sino que además cuya licitación se encuentra “bajo sospecha de corrupción”. “Ahora”, ha continuado Máximo, “conoceremos realmente si se ha producido alguna ilegalidad como malversación o fraude, así como la razón de que la Administración disponga de dos vínculos contractuales, uno con una empresa para la gestión del agua y otra para el arriendo”. 

Para concluir, Fuensanta Máximo  ha criticado duramente al Ejecutivo regional porque “con esta actitud constante durante todos estos años, no sólo ha empobrecido a los murcianos, sino que además ahoga el futuro de la Región”.

IU-V
El coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha respondido a las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, sobre la intervención de la Guardia Civil en la desaladora de Escombreras, que "lo insoportable no son las investigaciones de la Fiscalía, sino la corrupción que está en el origen de las mismas".
Pujante ha señalado que en la Región "apenas queda dependencia, oficina, sede o infraestructura" relacionada con el PP que "no haya recibido la visita de la Benemérita".
El dirigente ha recordado que su formación lleva años denunciando cuál fue el papel de la desaladora, "uno de los mayores pufos" de la Región, y cuyo coste para las arcas regionales asciende a 600 millones de euros, que "los murcianos tienen que pagar a Florentino Pérez", propietario del grupo empresarial que la construyó, y por qué se construyó.
A su juicio, "con la desaladora se quiso dar cobertura legal a los convenios urbanísticos y a las revisiones de los planes municipales ante los informes negativos que emitía la CHS sobre la disponibilidad del recurso agua con la que dotar a los numerosos residenciales que se proyectaban en aquel momento a lo largo y ancho de la Región".
Ha asegurado que, con independencia del papel que la desaladora juegue en el proyecto Novo-Carthago, "lo cierto es que esa infraestructura ha sido objeto de numerosos convenios con más de dos decenas de ayuntamientos murcianos a través del Ente Público del Agua (EPA)", con el fin de "sortear los informes negativos de la CHS".
A este respecto, Pujante ha confirmado que es conocedor de, al menos, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región que anulan los planes generales de Aledo y Puerto Lumbreras, con el argumento de que esos planes "no habían respetado los informes negativos de la CHS" sobre insuficiencia de agua y que los informes que emitió el EPA no podrían sustituir los de la Confederación.