Domingo, Julio 07, 2024
   
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Podemos exige por escrito las dimisiones de Bascuñana, Cerdá y Sánchez

El Circulo Podemos Murcia ha presentado en el Registro General de la Delegación del Gobierno y ante la Consejería de Presidencia y Empleo dos escritos en los que pide el cese inmediato tanto del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, como de los responsables de las carteras de  Agricultura, Antonio Cerdá, y Educación, Pedro Antonio Sánchez por su imputación en diversos procesos  judiciales.

La entrega de documentos ha sido apoyada por una concentración de la que han formado parte simpatizantes de la formación política con una pancarta en la que se podía leer “Imputados dimisión. Fuera de la administración”.



Según los escritos presentados: “Podemos, en cuanto movimiento político que aspira a una regeneración profunda de la vida pública regional y en su aspiración de refundar democráticamente el espacio cívico, considera que esta situación de excepcionalidad política debe ser afrontada con urgencia. La democracia se muere cuando los cargos públicos son objeto de sospechas por su complicidad en casos de corrupción”.

La petición se ha realizado por considerar que ninguno de los tres políticos está en condiciones de ocupar sus cargos. En el caso de Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana por su supuesta implicación en el caso  Novo  Carthago, según se recoge en el auto emitido por el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que investiga la recalificación del espacio protegido Lo Poyo. Proceso de recalificación que implicaba la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y campo de golf y que el magistrado instructor del caso no dudó en calificar de “voladura de las leyes estatales y autonómicas en cuestión medioambiental”.

En el caso de Pedro Antonio Sánchez se pedirá su cese inmediato por su imputación judicial en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) por cohecho, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, en relación a la adquisición de su vivienda y de la adjudicación de las obras de la urbanización donde está situada. A estos casos en la administración regional hay que unir los de multitud de ayuntamientos como demuestra la reciente sentencia de la audiencia provincial sobre el alcalde de Torre Pacheco por un delito de prevaricación.

 

 

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