Los socialistas han presentado esta mañana una denuncia en el juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, en funciones de guardia, al considerar que hay irregularidades en la autorización dada por la Comunidad Autónoma para que una empresa privada cobre por los aparcamientos de vehículos en este parque regional (lo que está sucediendo desde el miércoles último) y considerar que el PP "sigue tomando decisiones por encima de la Ley, pues creemos que se puede estar vulnerando las leyes de este parque regional".

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El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán; el secretario de Coordinación de políticas sectoriales, sostenibilidad y ordenación del territorio, Enrique Ayuso; y la secretaria general del PSOE de Cartagena, Ana Belén Castejón, han acudido esta mañana al Palacio de Justicia de la ciudad trimilenaria para presentar una denuncia contra "la autorización irregular que la Comunidad Autónoma ha otorgado a una empresa privada para cobrar por aparcar en el Parque Regional de Calblanque, algo que podría estar conculcando la Ley estatal de Biodiversidad", han expresado, indicando que es cierto que el 90% del terreno es privado, "pero se trata de una zona de protección que tiene sus limitaciones, además de que estimamos que debería ser, en todo caso, el ayuntamiento de Cartagena el que diera la autorización, no la Comunidad Autónoma". Otro aspecto que han destacado es que se autorice ahora a aparcar vehículos cuando estos años atrás "decían que se ponía un autobús para que los coches no entraran y dañasen la zona".

Los políticos socialistas se desplazaron a Calblanque antes de ir a los juzgados, comprobando el cobro aludido de 4 euros por vehículo. Han aportado el recibo en la denuncia y han mostrado una copia a los medios de comunicación, con la anécdota de que estaba fechado en 18 de julio de 2017 (ver cartagenadeimagen).

"Estamos ante un procedimiento irregular, que no sabemos qué criterios rige y queremos que el consejero dé explicaciones en la Asamblea”, han aseverado, recordadno que los propios servicios jurídicos de la Consejería no han dado el visto bueno para que se convenie con esa entidad de custodia.

López Pagán también ha recalcado "la dificultad que en estos momentos tenemos los parlamentarios de acceder a la información y control del Gobierno" y también han reprochado que para adoptar esta medida "no ha habido publicidad, ni transparencia y lo principal, se podrían estar vulnerando las leyes de este parque regional". El diputado socialista ha criticado que “una vez más el PP y su Gobierno hacen del medio ambiente su cortijo particular y adolecen de la capacidad de tomar decisiones que podrían estar justificadas con un procedimiento adecuado, pero que en este momento están por encima de la ley y de la sensibilidad de los vecinos de este Parque Natural, que ya están expresando sus quejas sobre esta forma de hacer las cosas”.

Joaquín López criticó que una entidad privada haya asumido la custodia del territorio y se ocupe de la gestión sobre un espacio público, de todos, no se sabe en virtud de qué intereses. “Consideramos que este Parque Natural debería tener un control público, y si tiene que haber una gestión de este espacio debe estar regulada por los mecanismos legales, con concurrencia como establece la Ley estatal de Biodiversidad”.

La secretaria general del PSOE Cartagena, Ana Belén Castejón, por su parte, han anunciado que el partido preguntará en el próximo Pleno del ayuntamiento por qué antes se puso en marcha un autobús para evitar la afluencia de vehículos al Parque natural y ahora se permite que se circule y estacione. Castejón recordó que el Ayuntamiento, junto con la Consejería y las asociaciones vecinales de la zona acordaron prohibir el acceso los fines de semana de julio y agosto de vehículos particulares. Por ello, pregunta qué gestiones ha hecho al respecto el ayuntamiento de Cartagena en esta ocasión.

El secretario de coordinación de políticas sectoriales, sostenibilidad y ordenación del territorio, Enrique Ayuso, ha calificado de precipitado y fuera de toda regla el procedimiento seguido por la Consejería para el cobro de estos aparcamientos e hizo especial hincapié a la necesidad de que la ciudadanía haga una defensa de este espacio protegido. “Creemos que el cobro de estos cuatro euros no va a significar ningún avance en la protección del parque. Más bien parece una muestra de la debilidad y del desinterés del Gobierno regional por cumplir con sus competencias, delegando en particulares una cuestión tan básica como es el control de acceso a un espacio protegido y toman medidas al margen de la Ley en un espacio muy sensible y querido por todos, desentendiéndose de su protección”.