Diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Es la pena que la Fiscalía solicita al tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial para Daniel García (alcalde de Torre-Pacheco, a quien se observa en la imagen de la derecha del lector), José Saura (concejal de Sanidad y exedil de Deportes), Santiago Meroño (concejal de Urbanismo) y Miguel Pérez (interventor del ayuntamiento pachequero) por unas supuestas adjudicaciones de obras a dedo (delito continuado de prevaricación), asunto por el que se piden seis años de inhabilitación para Francisco Cavas, vecinos del alcalde y arquitecto de la empresa Pixel Arquitectura. Las defensas, que reclaman que sean absueltos, están representadas por los letrados Pardo Geijó (representa al alcalde), Vicente Pérez Pardo (José Saura), José María Caballero (Santiago Meroño) y José Antonio García. El juicio se desarrollará en Cartagena desde este miércoles y hasta el viernes en la sala de la Audiencia del Palacio de Justicia.

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Este asunto fue archivado por el número 6 de los juzgados de San Javier, ordenando la Audiencia que se reabriera la causa en septiembre de 2010. Otro episodio destacado en su instrucción fue cuando, a raíz de ese auto de la sección quinta de la Audiencia, los abogados de tres de los acusados recurriera hacia cuatro de los magistrados de esta sala al considerar que habían perdido su imparcialidad. El TSJRM resolvió designando a único juez de la sección quinta no impugnado (José Francisco López Pujante) junto al presidente de la sección tercera (José Luis García Fernández) y otro juez de Murcia, que ahora ha sido relevado por Rafael Ruiz Giménez, el último en integrarse al equipo de la sección de Cartagena.

La Fiscalía, en sus conclusiones, basa las peticiones de pena antes expuestas, en que el alcalde y los dos concejales "procedieron de mutuo acuerdo entre los años 2005, 2006 y 2007, prevaliéndose de sus cargos públicos y en el ejercicio de sus funciones, a efectuar adjudicaciones, e intervenir desde sus respectivos cargos en las mismas, de contratos consistentes en proyectos técnicos de arquitectura a la mercantil 'Pixel Arquitectura', cuyo representate es el arquitecto Francisco Cavas", vecino del alcalde y cuyo antecedente penal no es computable al ser posterior a estos hechos. En concreto, un alzamiento de bienes en 2012.

"Los cuatro decidieron de mutuo acuerdo", sigue indicando la Fiscalía, "acudir al procedimiento de adjudicación de proyectos técnicos de 'contrato menor' por ser menos exigente en sus requisitos y con más libertad en su adjudicación". Más adelante destaca que "eludiendo con todo ello los trámites legales para la adjudicación, legando incluso el arquitecto a no pasar en su colegi profesional el trámite preceptivo del visado".

Una vez adjudicados los 'proyectos técnicos' y redactados los mismos por Francisco Cavas, "se sirvieron de la actuación de Miguel Pérez, interventor del ayuntamiento de Torre-Pacheco". De esta persona se indica que tiene como antecedente una condena por prevaricación administrativa en 2002. "Así, este acusado, cuando le llegaba la documentación consstente en la factura con el visto bueno del concejal respectivo, a sabiendas de que conculcaba la legalidad, seguía dándole el trámite de contrato menor", continúa indicando el fiscal. "Y siendo sabor de ello, los autorizó faltando a su obligación".

Las adjudicaciones supuestamente relacionadas con esta ilegalidad fueron:
- Por encargo del concejal José Saura a Cavas: Polideportivo de Los Dolores, Frontón municipal, Velódromo, Pista de atletismo y campo de fútbol.
- Por encargo del concejal Santiago Meroño a Cavas: Centro de Educación Musical, Centro Integral de Seguridad, Centro de Artes Escénicas, Centro de Desarrollo Local y Plan estratégido Itineris.