La Policía Nacional desmantela un prostíbulo en San Javier y detiene a dos personas. El despliegue policial contó con la participación de la Policía Local de San Javier y la colaboración de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP).

Los problemas que generaba un local, situado en la calle Ramón y Cajal de San Javier, donde supuestamente se ejercía la prostitución y donde al parecer, las peleas y diversos ilícitos penales se producían de manera continua tanto en el interior del citado establecimiento como en sus inmediaciones, puso en alerta a la Policía Nacional.

Tras diversas gestiones se pudo saber que las mujeres que ejercían la prostitución eran de origen extranjero, colombianas y brasileñas. Por tal motivo, y siguiendo los preceptos recogidos en la legislación existente, relativos a la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, se puso en marcha un dispositivo policial por parte de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras junto con la Policía Local de San Javier.

La inspección realizada en el prostíbulo contó con la presencia y colaboración de una trabajadora social perteneciente a la asociación APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, con el fin de dar una asistencia y atención integral a las tres mujeres que se encontraban prostituyéndose en dicho lugar.

Con el operativo realizado se pudo constatar la existencia, no sólo de un prevalimiento de la situación de necesidad que sufrían estas prostitutas pues la mayor parte son ciudadanas extranjeras sin recursos económicos y con hijos a su cargo, sino además el ánimo de lucro que muestran los gestores del local ya que se quedaban con un porcentaje de cada servicio sexual, siendo éste su medio de vida ya que ninguno de ellos se encontraba trabajando en otra actividad o sector.

Mensualmente cada chica pagaba una cantidad de 600 euros por el uso de una habitación en concepto de alquiler, lo que constituye un total de 1.800 euros frente a los 700 euros mensuales que los responsables tenían que pagar de alquiler por el establecimiento. Añadir al montante la cantidad de 210 euros en concepto de publicidad que las tres chicas prostituidas tenían que abonar cada veintiún días. El rendimiento económico mensual puede estimarse en una cantidad aproximada de 6.000 euros.

Dada la dimensión pública de este establecimiento, teniendo en cuenta su ilicitud al no poseer ningún tipo de licencia habilitante para la prestación de servicios públicos y siendo por tanto un local público de naturaleza ilícita, el CNP procedió a solicitar a la autoridad judicial competente el cierre cautelar del mismo.

Los dos detenidos son de nacionalidad brasileña, una mujer de 41 años y un varón de 25 años.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y la Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.