Los dueños del solar que, sobre unos tres mil metros cuadrados, ocupó el cuartel de la Guardia Civil de La Azohía, han presentado una expediente de responsabilidad patrimonial por el que reclaman 3.176.171 euros al ayuntamiento de Cartagena como indemnización, una vez que el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a la empresa respecto a la anulación de la licencia de obras en unos terrenos que adquirieron como privados y que después fueron convertidos en público. De forma paralela, Apartamentos Turísticos La Azohía presentó una querella por supuesta prevaricación y expropiación ilegal, siendo un proceso que se sigue en el juzgado de Instrucción número 2. Sobre este tema, desde el Ayuntamiento se asegura que nunca "se adoptó decisión arbitraria alguna" y que se salvaguardaron "los intereses de los vecinos".

Uno de los dos responsables de la empresa ha indicado a este periódico que todo este conflicto se produce cuando se llevó a cabo la desamortización de los cuarteles, terrenos que tenían un uso público y que los ayuntamientos cambiaron su calificación urbanística para que el Ministerio pudiera sacarlos a subasta. Explica que cuando adquirieron el solar "el vendedor les entregó una cédula urbanística firmada por la secretaria del Ayuntamiento, Inés Castillo Monreal, en la que certificaba que el uso de la parcela era residencial".
"El siguiente paso que dimos fue hablar con el entonces concejal de Urbanismo, José Fidel Saura, quien nos indicó que no se podían construir viviendas, que la cédula urbanística firmada por el Ayuntamiento no era correcta, pero sí se podría construir un complejo turísticos de apartamentos que tendría buena aceptación en la zona especialmente por las escuelas de buceo existentes", añade.
Se fueron aprobando el Programa de Actuación, el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización y finalmente en mayo de 2006 se concedió licencia para la construcción de 24 apartamentos turísticos. "Ese mismo año ya teníamos concertado 2,1 millones de préstamo y contratada la constructora, pero entonces comienzan los problemas. Faltaba sólo el acta de la tira de cuerda, lo que es algo casi de trámite, pero pasaron dos meses y no llegaba, por lo que lo solicitamos por escrito".
En octubre de 2008 se aprueba inicialmente el Plan General que modificó la calificación del solar fijándolo ahora como Equipamiento Público. "Inicialmente pensamos que se trataba de un error, pues teníamos hasta la licencia, se habían publicado las ordenanzas del PERI y sólo faltaba la firma de la tira de cuerdas para iniciar las obras, por lo que presentamos nuestro escrito de alegaciones en el convencimiento que había sido un error de los redactores del Plan General". En febrero de 2009, por parte de la jefe de los Servicios Jurídicos, Paloma Rodríguez del Castillo se nos pide un nuevo requisito que nunca había solicitado durante los tres años anteriores, la licencia de actividad. Yosteriormente se nos requiere para la firma del acta de tira de cuerdas, documento que veníamos solicitando desde hacía más de tres años". Finalmente, en octubre de 2009 se termina de firmar el acta de tira de cuerdas. "Son estos unos de los motivos por los que se formuló la querella contra la jefe de los Servicios Jurídicos y por los que se encuentra imputada".
La sentencia del TSJRM a este respecto dice textualmente “Por tanto, no es que haya habido un incumplimiento de las condiciones impuestas, sino que el cumplimiento de alguna de ellas, como es la obtención de la licencia de actividad o el inicio de las obras una vez aprobada inicialmente la revisión del PGMO no era exigible al apelante”
Tras la firma del acta de tira de cuerdas, "en noviembre de 2009 se nos gira el impuesto de construcciones o licencia de obra por importe de 32.355,78 euros que es pagado en plazo por Apartamentos Turísticos la Azohía, lo que nos hace recobrar las esperanza de que finalmente estimaran la alegación que habíamos presentado al PGMO y que todo había sido un error de los redactores, ¿Qué sentido tiene que en octubre se firme la tira cuerdas y en noviembre nos cobren la licencia de obras sino  es así?".
Continúa explicando que sólo treinta y un días después de cobrarnos la licencia, el día 21 de diciembre de 2009, se aprueba inicialmente el PGMO y en el mismo se dice: 'La calificación de la parcela del antiguo cuartel de la Guardía Civil en la Chapineta como Equipamiento Público responde a las demandas vecinales. Ello sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan en aplicación de la legislación vigente. Se propone desestimar la alegación presentada'. "Con estas tres líneas, y sin justificar causa alguna de utilidad pública o interés social, sin justificar si es la ubicación idónea, sin cuantificar los costes que todo esto va a suponer para las arcas municipales, sin determinar en PGMO que destino concreto tendría este suelo y con qué fondos contaba el Ayuntamiento para pagar las cuantiosas indemnizaciones que ello supondría y para ejecutar posteriormente las edificaciones publicas correspondientes, sin más explicación que ser demandas vecinales, arruinan un proyecto turísticos creador de empleo y riqueza, que sin duda colaboraría en el fomento del buceo en la Azohía y arruinan a las empresas y a las personas que confiando en el proyecto lo financiaron, hipotecaron y  lo avalaron personalmente, habiendo realizado en el mismo cuantiosas inversiones", expresa el responsable de la empresa.

La querella
Otra vía judicial se abrió hace dos años por una querella interpuesta por Apartamentos Turísticos La Azohía, que entró en el juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena. En ella se encuentran imputados el edil de Urbanismo, Joaquín Segado; el exgerente del mismo área, Jacinto Martínez Moncada; y la jefa de los servicios jurídicos de Intervención Urbanística, Paloma Rodríguez del Castillo, a los que el Juez ya ha tomado declaración. "Pero además, resulta que en La Azohía el Ayuntamiento es propietario de un terreno suyo de unos 800 m2 metros cuadrados, situado precisamente en la UA 3 de la Chapineta, es decir muy cerca del nuestro y que podrían haber utilizado para estas demandas vecinales, por lo que todavía es más inexplicable e injustificable esta aptitud por los imputados".
En un Plan General los Ayuntamientos crean numerosos Equipamientos Públicos, la práctica totalidad de los mismos se obtienen de forma gratuita por el sistema de equidistribución, sin tener que pagar un euro por los mismos. Si la única pretensión hubiera sido crear un espacio público, el Ayuntamiento lo habría podido generar dentro del Plan General en cualquier otra ubicación del ámbito sin costo alguno para las arcas municipales o bien podía haber utilizado el solar en la UA 3 de la Chapineta que es de su propiedad. Nada de esto ha realizado, en todo este expediente el motivo ha sido crear un equipamiento forzosamente en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil y anular el proyecto turístico existente, lo que sin duda más que responder a criterios imparciales responde a criterios que seguramente y una vez leído lo anterior cada uno seamos capaces de calificar, espero que la justicia, a través de su jurisdicción penal, finalmente repruebe estas conductas, que como dice el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, 'Rayan la arbitrariedad' y finalmente se dicte la resolución que ayude a evitar que las mismas se  puedan repetir", concluye.

Postura del ayuntamiento de Cartagena
Fuentes municipales han afirmado a Cartagena de Ley que en "momento alguno hubo una decisión arbitraria, en absoluto, sino que se salvaguardaron los intereses generales de los vecinos, que reclaman una plaza pública, pese a que resultase perjudicados los intereses de un particular, una decisión que tiene muchos casos similares en nuestro país", añadiendo que es legal y lógico que la otra parte solicite ahora una indemnización, quedando el asunto por su parte en fijar la cantidad que realmente corresponde indemnizadr.

Respecto a la querella que lleva adelante el juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, las mismas fuentes señalan que la Fiscalía y los servicios jurídicos del Ayuntamiento "hemos solicitado el archivo de la causa, pero el juez ha admitido las declaraciones sobre este asunto de cuatro de las diecisiete personas solicitadas por la otra parte, por lo que el proceso sigue abierto y será en septiembre cuando declaren", además de reiterar que no existen motivos fundados para que prospere el procedimiento.