El vicedecano del Colegio de Abogados de Cartagena y director de la Escuela de Práctica Jurídica San Isidoro, Antonio Navarro Selfa (a la izquierda del lector en la imagen adjunta), intervino en las XXXIII Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica, celebradas en Granollers, en una brillante ponencia en la que puso de relieve un aspecto de la Ley de Servicios profesionales que no había sido teniendo en cuenta hasta ahora, y era el plano de su aplicación en el ámbito formativo en los colegios, expresando que la nueva Ley no da a los letrados suficientes instrumentos de formación continuada.

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Los dos abogados que expusieron la ponencia sobre Formación Continuada a raíz de la Ley de Servicios Profesionales (LSP), Antonio Navarro Selfa, y la responsable de formación del Colegio de Abogados de Barcelona, Ester Palmés, coinciden en criticar la LSP por no dar a los abogados suficientes instrumentos de formación continuada. Ambos hicieron un repaso de esta futura ley, que regulará lo que formará parte de la cuota obligatoria y la voluntaria de los colegios de abogados.

Según explicó Navarro Selfa, si se analiza a fondo la Ley de Servicios Profesionales, se ve como “no dota a los abogados” de una formación continuada. Específicamente, mostró cómo la Ley indica que la formación continuada debe de ser un derecho y un deber de los abogados, pero que en el artículo 30 no incluye la formación en los fines esenciales de los colegios: “Esto hace que la formación pase a la cuota voluntaria”. Además, en el artículo 47 de la misma, define la cuota obligatoria como aquella necesaria para los fines esenciales del colegio y, “como hemos visto, la formación no está dentro”, subrayó.

Palmés tampoco considera que esta Ley sea lógica, entre otros motivos, porque la formación continuada es una de las cosas que más se valora de los abogados en las estadísticas. también criticó que se hayan invertido más esfuerzos en la formación inicial que en la continuada, y pidió debatir sobre si se debería implantar un sistema de formación continuado obligatorio o no.

En este sentido, en el turno abierto de debate se propuso que los abogados se nieguen a ejecutar la LSP, y que sean estos los que la configuren. “Nuestra lucha no es que nos proteja nadie, sino protegernos nosotros, y nuestro escudo es la calidad. Aquí no nos gana nadie”, afirmó un participante en el congreso.

Más información sobre el congreso en www.abogacia.es