El juez Raúl Sánchez, titular de la sala de Lo Penal número 3 de Cartagena (en la foto adjunta), ha condenado a un abogado a dos años de prisión y a pagar a quien fue su cliente las cantidades de 12.000 y 6.000 euros que, supuestamente, se apropió de forma indebida. En un caso recibió ese dinero para la consignación de una fianza en una querella y en el otro como entrada para la adquisición de una vivienda. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.

La Fiscalía solicitó una condena de tres años de prisión más 18.000 de responsabilidad civil, más intereses y costas, petición a la que se adhirió la acusación particular, representada por la abogada Fuencisla Martín de Oliva, de Ruipérez Abogados. La defensa, por su parte y representada por el propio acusado, solicitó la absolución.

El juez Raúl Sánchez Conesa recoge como hecho probado que el acusado interpuso en 2004 una querella en los juzgados de Fuengirola en nombre de un cliente, que le entregó la cantidad de 12.000 euros, cifra fijada por el juzgado para la constitución de fianza. Sin embargo, el letrado incorporó ese dinero a su patrimonio. Ese mismo año, le ofreció al mismo cliente adquirir una vivienda en Cartagena, para lo que le entregó 6.000 euros para dar la señal, pero también se apoderá de dicha cantidad. En enero febrero de 2005, el cliente presentó denuncia por este asunto.

En el juicio, el abogado alegó sobre la primera cantidad de 12.000 euros, que no consignó el dinero porque se había archivado la querella y el Registro se cerró, pero que siguió recurriendo y se quedó el dinero para afrontar esos gastos porque se lo dijeron los denunciantes, continuando siendo su letrado y aplicando ese dinero a sus honorarios profesionales, cuya minuta ascendía a unos 70.000 euros, si bien la redujo.
Respecto a los 6.000 euros, afirmó el acusado que se los entregó a la vendedora por el concepto de arras y que luego los recibió, dándoselos a sus a sus clientes ese mismo día, pero que no sabía por qué no han sido hallados.

El magistrado Raúl Sánchez, en sus conclusiones, expone que está claro que el acusado recibió ambas cantidades, pero que ofrece "una dudosa explicación" sobre su destino. Respecto a los 12.000 euros señala que siendo la resolución judicial de Fuengirola que constituía la fianza de fecha de febrero de 2004 no fuese hasta el verano cuando reclama y retira ese dinero. "La explicación ofrecida por el acusado a su comportamiento, tratando de hilar las fechas del procedimiento judicial con su ausencia de enriquecimiento ilícito, no resulta creíble", indica, añadiendo respecto a que fuese como provisión de fondos por sus honorarios, que no existen pruebas en este sentido. El juez estima que el abogado ideó una estrategia basada en la ocultación de información y en el engaño.
Respecto a los 6.000 euros, el magistrado considera aún "más sorprendente" la explicación ofrecida, con "absoluta oscuridad y opacidad en las actuaciones profesionales del acusado".
Después de resaltar que hay pruebas "válida, suficientes y racionalmente valoradas", el juez califica los hechos como un delito continuado de apropiación indebida, condenando al imputado  dos años de prisión y a indemnizar a quien fue su cliente con 18.000 euros.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de la Región de Murcia.