El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, ha fallado que el presidente de la cooperativa Proyecto Joven sea condenado a ocho años de prisión por estafa, mientras que dos empleadas, quienes se sucedieron en la función de secretaria, han sido castigadas con cuatro años de cárcel, siendo absueltos la persona que figuraba como interventor y la exesposa del presidente, aunque en este último caso el delito que se juzgaba era de alzamiento de bienes. La sentencia también señala que las tres personas condenadas deberán pagar los más de dos millones de euros que pusieron los 102 cooperativistas que aportaron un dinero para disponer de una vivienda en el complejo Residencial Infanta Elena, cerca de Molino Derribao (Cartagena), que nunca llegó a iniciar sus obras. Los abogados de las tres personas condenadas anuncian que presentarán recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del juicio más largo en la historia de la Audiencia en Cartagena.

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Cincuenta y dos folios ocupa la sentencia de Proyecto Joven elaborado por el tribunal de la Audiencia que integraron Miguel Ángel Larrosa (presidente), Matías Soria y José Francisco López respecto a la demanda presentada por 102 familias y parejas contra cinco personas, cuatro acusadas de estafa, mientras que el presidente también estaba imputado en otro de alzamiento de bienes junto a su exesposa.

El tribunal ha considerado que Joaquín H.S.C. en culpable de la estafa en concepto de autor, mientrqs que Silvia D.L.F.R. y Lourdes G.A. lo son por complicidad, mientras que el interventor es absuelto, al igual que Joaquín y su expareja por el alzamiento de bienes. Los tres primeros deberán, además, reintegrar a los cooperativistas, de forma solidaria, las cantidades de dinero que depositaron para el supuesto Residencial Infanta Elena que se iba a levantar junto al Camino del Sifón, entre Molino Derribao y la barriada San Cristóbal.

La sentencia también dedica unos comentarios al vendedor de los terrenos, quien reconoció en sala que cobró ese dinero a cuenta de los 3,2 millones que fijó como precio de venta y que sigue explotando agrícolamente los mismos, además de negarse a escriturar a otros la parte proporcional del dinero recibido, en base a que el contrato firmado reflejaba que podía seguir disponiendo de las tierras hasta cobrar todo el precio estipulado.

El abogado Julián Sanz ha sido el que ha representado a la mayoría de los demandantes, mientras que Pedro Madrid García y Pedro Arroyo han sido los otros letrados de la acusación particular, siendo Yolanda Cuadrado la que ha representado a la Fiscalía. José Miguel Roda ha sido el abogado que, de oficio, defendió al interventor, mientras que Juan F. Pérez Avilés, Manuel Nieto y María del Carmen Ibáñez (los dos últimos de oficio) representaron a los tres que han sido condenados. Nieto ha indicado a esta redacción que los tres presentarán recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Por su parte, Ana Sánchez Aliaga defendió a la exesposa del presidente de la cooperativa.