La comunidad murciana presenta una de las más altas tasas de litigiosidad, con 187 demandas por cada mil habitantes. Bajaron los asuntos civiles, penales y contenciosos, mientras que se incrementaron los laborales con respecto al año anterior.

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Los juzgados y tribunales de la Región registraron el año pasado 276.305 asuntos, 12.500 menos que durante 2012, lo que supone un descenso del 3,45 % según el informe sobre la situación de los órganos judiciales españoles en 2013 elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Por jurisdicciones, la cifra de asuntos ingresados en la jurisdicción civil fue de 57.142, un 9,6 % menos que en 2012. Descenso que es más importante en la segunda instancia ya que las secciones civiles de la Audiencia Provincial registraron un descenso del 21% en el número de recursos presentados.

En penal entraron 201.335 asuntos, con una disminución del 1,3%. Advirtiéndose en la segunda instancia un aumento del 8% respecto al año anterior. Prácticamente el único caso en que las estadísticas ofrecen un avance reseñable en el número de asuntos ingresados, frente al descenso generalizado.

La jurisdicción contencioso-administrativa registró 5.472 nuevos asuntos, con un descenso del 31,75% y se resolvieron 9.430 recursos. El descenso más importante en el volumen de ingreso se aprecia en la primera instancia. En concreto, los juzgados de lo contencioso administrativo rebajaron el número de asuntos registrados en un 35,34%. Que con los 6.819 asuntos resueltos durante 2013, permitió a estos órganos concluir un 27,8%  más de asuntos en trámite que el periodo anterior.

Por último, la jurisdicción social ingresó 12.336 asuntos, lo que supone un incremento del 9,15%. Muy apreciable en el caso de la Sala de lo Social del Tribunal Superior que, tras las últimas reformas legislativas, ha visto aumentadas sus competencias, registrando un 23,48% más de asuntos en 2013.

La Región de Murcia, con 187 asuntos por cada 100.000 habitantes, fue una de las comunidades autónomas que registró una mayor tasa de litigiosidad, situándose por encima de la media nacional, junto con Andalucía (215,7), Madrid (201,1), Baleares (196,8), Canarias (195,6), Cantabria (190,6) y la Comunidad Valenciana (188,6). Con la tasa más baja de litigiosidad registrada destacan La Rioja (115,4), País Vasco (131,5) y Extremadura (141,3).