El decano de los abogados de Tarrasa y adjunto a la presidencia de CGAE, Miguel Sàmper, ha estado en Cartagena con el principal objetivo de sensibilizar de la necesidad de instaurar por todo el territorio nacional la Oficina de Intermediación Hipotecaria para ayudar a las personas que pueden perder sus viviendas. También ha comentado, respecto a otros asuntos, que el ministerio de Justicia mantiene su idea de aglutinar en las capitales de provincia todo el sistema judicial y facilitar el desmantelamiento de los partidos judiciales no invirtiendo nada en ellos.  

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Miquel Sàmper, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, decano del Colegio de Abogados de Tarrasa, adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y creador de la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH), ha estado en Cartagena en la presentación del Aula de Derechos Humanos de la Fundación de la Abogacía Española, en la uqe se ha desarrollado la conferencia 'Deudores hipotecarios y desahucios', que ha tenido lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Cartagena, y en el que también han participado Francisco Segovia, coordinador de la Fundación, y el decano de los colegiados cartageneros, José Muelas.

El primer objetivo de su presencia en Cartagena es la campaña de sensibilización hacia los letrados y la sociedad que el CGAE lleva a cabo para instaurar las OIH para hacer frente al grave problema de los desahucios, estando funcionamiento actualmente 10 oficinas en Cataluña y 28 en el resto del país. "Los abogados debemos ayudar a las personas que pueden perder sus casas, al igual que en otros tiempos se han creado servicios para ayudar a mujeres maltratadas, menores, extranjeros o mayores". Tras un informe de Servicios Sociales, que determina la situación económica de la familia afectada, la OIH estudia la situación y negocia con el banco para llegar a un acuerdo extrajudicial, ya sea con una refinanciación o a través de la dación en pago con un alquiler social una vez que la casa es propiedad del banco, "hay que pensar el arraigo de las familias hacia su casa y de esta forma sólo se modifica el título de propiedad".

Otro asunto es la temida reforma de la Ley de Plantas que planea el ministerio de Justicia y con la pretende concentrar en las capitales de provincia toda la organización judicial, según recoge un estudio de un grupo al que identifican en Madrid como "comité de expertos". Sàmper indica que no existe intención de invertir en los actuales partidos judiciales, lo que irá propiciando esa transformación, que afectará finalmente a juzgados de paz, audiencias provinciales, juzgados sociales, los penales, etc. En el caso de Cartagena, a medio plazo, supondría perder sus unidades judiciales.