Un asunto por un supuesto delito de alzamiento de bienes entró en los tribunales en 1994 y ha concluido esta semana con algunos agentes jurídicos que cuando se inició eran meros estudiantes, por poner un ejemplo del largo tiempo que ha transcurrido.

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El origen se sitúa a final del año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, es decir, 1992, cuando cuatro personas solicitan un préstamo de 6 millones de pesetas al Banco Popular y Cajamurcia, que avalan con fincas. Fueron cumpliendo los pagos hasta que surgieron problemas de liquidez. Al segundo impago, el Popular empieza a indagar y descubre que las propiedades podrían haber sido transmitidas a otras personas, por lo que acude a los tribunales en 1994 (el año en el que intentaron asesinar a balazos al presidente norteamericano Bill Clinton), iniciándose un proceso, al que después se incorporaría Cajamurcia, según hemos podido conocer. También hay que señalar que hubo una primera querella contra cuatro personas y que después se amplió a diez con una segunda.

Tiempo atrás se cubrió la responsabilidad civil, es decir, se pagó a los bancos el dinero reclamado, por lo que estas entidades retiraron sus denuncias, que siguieron entonces a través de la Fiscalía para determinar únicamente la responsabilidad penal.

Esta semana, dos décadas más tarde, se ha celebrado el juicio y ya hay sentencia. ¿Por qué se ha dilatado tanto el tema?, pues al parecer por un cúmulo de circunstancias y algún que otro despropósito. El caso es que en 2014 llegaba a la sala de vistas del juzgado de Lo Penal número 1 de Cartagena una causa con petición de penas del antiguo código penal, apareciéndose solicitudes de arresto mayor y de prisión menor para unos y otros de los diez imputados, de los que cinco estaban representados por el abogado Antonio Garre, mientras que Carmen Guillén, Raquel Cancela, Mario García, Pedro Eugenio Madrid y María del Carmen Cubáñez tenían clientes individuales. Cabe reseñar que algunos actuaban de oficio y recibieron los tres tomos de la causa el pasado jueves, con escaso tiempo para preparar su defensa, por lo que también planeaba la posibilidad de que solicitasen la suspensión del juicio.

En la sala de vistas se ha expuesto que cuatro de los imputados, aquellos que solicitaron el préstamo, ya habían sido juzgado por lo mismo en 2004 en el juzgado de Lo Penal número 2 por un tercer procedimiento con otro banco, por lo que no podían ser enjuiciados dos veces por el mismo hecho, quedando archivada su causa. Respecto a los restantes, una vez que ya no estaban los bancos como acusación y a que se han acogido a su derecho a no declarar, la jueza Teresa Álvarez 'in voce' ha decretado su absolución, en sentencia firme, pues todos los presentes han confirmado que no presentarán recursos.

… y veinte años después se dio carpetazo a uno de los asuntos más longevos de los tribunales del Palacio de Justicia de Cartagena.