¿Se imaginan perder un puesto de trabajo por un informe de positivo en morfina y opiáceos que es erróneo? Es lo que le sucedió a Antonia López Sánchez, conductora de autobús, quien, al ver que no le admitían los nuevos análisis que se practicó para demostrar la verdad, recurrió a la vía judicial a través del letrado Francisco Belda. Dos años más tarde de aquel duro episodio, el juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena ha fallado a su favor por un "error en la actuación", estableciendo que la mutua debe indemnizarla con 3.559 euros más intereses.

Los hechos ocurrieron en junio de 2011, cuando Antonia, como hacía cada año en verano, se incorporaba a trabajar como conductora en los autobuses urbanos. Cuatro días después, en mitad de un servicio, le comunican que no puede continuar trabajando porque en el análisis de orina del reconocimiento médico ha salido positivo en morfina y opiáceos. Antonia no se lo creía y reiteraba que se trataba de un error. Incluso, buscando algo lógico en este tema, llegó a pensar que epodría haber dado ese resultado por una medicación que estaba tomando en ese momento, por lo que decidió acercarse a la mutua para solventar el 'fallo'. Una vez allí le indicaron que los resultados estaban correctos y que le repetirían el análisis, aunque esto último nunca se llevó a cabo.

La lucha de Antonia comenzó en ese momento. Se quedaba sin trabajo por un error, por un fallo inexplicable que, además, había generado una duda entre quienes la rodeaban, y por eso no podía dejar que acabara ahí. Con la intención de demostrar la verdad acudió a un laboratorio privado donde le hicieron otro análisis de orina con resultado negativo a esas sustancias. Acudió a su médico de cabecera, quien emitió un informe de la medicación que tomaba en ese momento y que no contenía sustancias que pudieran dar positivo en ese análisis. Por último se sometió a un análisis de droga en el cabello, que también resulto ser negativo.

Todos estos informes reflejaban que se la había adjudicado una situación que en absoluto concurría en su persona, por lo que acudió de nuevo a la mutua, aunque sin éxito, pues rechazaron los informes y Alsa no la reincorporó a la actividad laboral. Durante todo el litigio, que ha durado tres años y en los cuales ha sido asesorada por el letrado Francisco Belda, Antonia ha seguido desempeñando sus labores como conductora de autobuses en otra empresa, donde asegura que ha pasado el reconocimiento médico sin ningún tipo de problemas.

Ahora, el juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena ha fallado a favor de Antonia, condenando a la mutua, 'Grupo MGO S.A.' a indemnizarla con 3.959 euros, más intereses legales, 600 euros como indemnización por el daño moral ocasionado y a que eliminen de la base de datos y archivos el positivo a opiáceos y morfina. Estos dos últimos no lo han cumplido y es por lo que Antonia continúa reclamando. "Yo sólo quiero que el 'no apto' cambie por 'apto' y que me eliminen de esa base de datos", apunta a Cartagena de Ley.

De esta manera Antonia espera que la empresa vuelva a contar en un futuro con ella y tras unos años duros, se muestra satisfecha por lo que ha conseguido.

Con su sentencia en la mano sólo reclama que cumplan con lo más importante para ella, que no figure su nombre en esa 'lista negra'.