El pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado por unanimidad una declaración institucional de todos los grupos políticos municipales a favor del mantenimiento del partido judicial de Cartagena. La declaración se ha producido como consecuencia de la difusión de un documento-borrador que puede ser utilizado como base para la elaboración de la nueva Ley de Planta Judicial promovida por el Ministerio de Justicia y que plantea una nueva organización de la Justicia como servicio público. En este documento se incluye la posible desaparición del Partido Judicial de Cartagena y de la sección quinta de la Audiencia Provincial, que supondrá la retirada de los órganos de primera y segunda instancia de la ciudad.

Declaración institucional a favor del partido judicial de Cartagena (PINCHAR AQUÍ)

Este partido judicial, que comprende los municipios de Cartagena, Fuente Álamo y La Unión, está compuesto por seis juzgados de primera instancia, cinco de instrucción, tres de Lo Penal, tres de Lo Social, un Contencioso-administrativo,uno específico de violencia contra la mujer y la sección quinta de la Audiencia Provincial, que dan cobertura a una población superior a los 350.000 habitantes.

En su declaración, el Ayuntamiento de Cartagena valora positivamente todas aquellas medidas que contribuyan a ofrecer a los ciudadanos una Justicia más efectiva, rápida y eficaz; pero advierte que Cartagena ha conseguido a lo largo de los años una estructura judicial amplia, con un Palacio de Justicia que, de forma centralizada, reúne a la mayoría de las instancias judiciales del municipio.

Esa estructura, a juicio del Ayuntamiento, beneficia la atención al ciudadano, facilita el trabajo de los funcionarios, abogados y procuradores y responde a los criterios que deben regir el funcionamiento de las administraciones: cercanía, agilidad y eficiencia.

Esas son las razones que ha esgrimido el pleno para apoyar el mantenimiento de las instancias judiciales existentes en el partido judicial de Cartagena y comprometerse a trabajar para evitar cualquier decisión que suponga una reducción de los servicios existentes y por tanto, un perjuicio a los ciudadanos.