El sector de Justicia de CCOO denuncia la perversión que supone la privatización de los registros civiles, a los que ya hace un tiempo se les está privando de medios materiales y personales para justificar la transferencia de competencias a entidades privadas como los Notarios y los registradores de la propiedad.

Dentro de esta campaña de acoso y derribo contra un servicio público esencial como son los registros civiles, tras propiciar un colapso recientemente al otorgar competencias a los registradores de la Propiedad para la digitalización de expedientes de nacionalidad, ahora el Ministerio de Justicia ha acordado que los ciudadanos puedan prestar el juramento para adquirir la nacionalidad ante los Notarios, y de forma ¿gratuita?.

Lo que en principio se vende como una agilización en los trámites de las nacionalidades y ventajas para los ciudadanos que tienen que realizarlos, hemos constado que es falso por los siguientes motivos:

- El trámite de juramento ante los Notarios no se ajusta a la legalidad vigente, ya que la actual Ley de Registro Civil establece que dicho juramento ha de realizarse ante el Encargado del Registro Civil con las garantías que se derivan, y esto no se ha modificado por Gallardón.  Esto es una ilegalidad flagrante.
- El trámite de juramento, que a priori no tiene coste alguno para el ciudadano, realmente no es gratuito ante los notarios, ya que cualquier copia se cobra,
- El juramento es tan sólo un trámite dentro de todo el expediente para obtener la nacionalidad, si se realiza de forma masiva nos veremos abocados a un nuevo colapso en fases posteriores del trámite que se realizan, ya que no tiene sentido recoger más juramentos que los que se pueden inscribir, y el ministro no ha reforzado los Registros Civiles para este evento.
- Dicha medida se ha tomado a espaldas de los Encargados de los Registros Civiles donde ya se habían citado a muchos ciudadanos para realizar los juramentos ante los mismos, pudiendo dar lugar a duplicidades en juramentos, generándose nueva inseguridad jurídica. ¿cuál es el “bueno”?.

Nos encontramos ante una situación de indefinición donde ya los Encargados de los Registros Civiles no saben si seguir citando o no a los ciudadanos, ya que no han recibido instrucción alguna ni información por parte de la dirección general de Registros y Notariados.

Ante la gravedad de la situación referida reclamamos la retirada de toda medida de privatización de los registros civiles para que siga siendo un servicio público servido por personal de la Administración de Justicia y que garantice el cumplimiento de la legalidad vigente, la gratuidad del servicio y la dotación de los medios materiales y personales suficientes.