La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo organizado dedicado a la concertación de parejas de hecho de forma fraudulenta y con la única finalidad de obtener el inmigrante la tarjeta de residencia. Los detenidos cobraban entre 4.000 y 5.000 euros por cada pareja.

La investigación policial se inició en mayo de de 2012, saldándose con más 40 detenidos por la concertación de matrimonios ilegales en los Registros Civiles de Cartagena, Alcantarilla, Ceutí, Archena, Totana y Puerto Lumbreras.

La segunda fase de esta investigación se inició a finales de 2012, cuando los investigadores detectaron que en los expedientes oficiales de un considerable número de parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de San Javier, algunos documentos eran manifiestamente falsos.

En todos los casos las parejas inscritas estaban formadas por españoles y marroquíes, dándose la circunstancia que estos últimos siempre se encontraban en situación irregular en España.

Modus operandi

Se empadronaba a la pareja ficticia en domicilios del municipio, utilizando documentación falsa y usurpando la identidad de los verdaderos titulares que desconocían por completo la utilización su documentación. Poco después de empadronarse conjuntamente, formalizaban su inscripción como pareja de hecho, acompañados siempre por miembros de la organización quienes daban instrucciones precisas sobre cómo actuar en el Registro. Estos a su vez captaban testigos que, a cambio de una cantidad de dinero, acreditaran mediante declaración jurada la existencia de vínculos afectivos y de convivencia entre los contrayentes.

Además se descubrió que estos testigos a su vez, habían formalizado falsas uniones de hecho en diversos municipios de la provincia, utilizando idéntico modus operandi, siendo muy similares las falsificaciones utilizadas y teniendo, varios de los implicados, residencia en la misma zona geográfica. El último paso, una vez obtenido el certificado de inscripción consistía en acudir a la Oficina de Extranjería y solicitar la residencia en España como familiar de ciudadano comunitario.

La investigación llevó a la plena identificación de los máximos responsables del grupo, un español natural de Galicia y su pareja sentimental, una dominicana que se hacía pasar por abogada, quienes ya han sido imputados por los mismos hechos.

Además se comprobó que éstos habían reanudado sus ilícitas actividades delictivas en municipios de la provincia de Ourense donde fueron detenidas, sobre una falsa inscripción en el ayuntamiento de Ribadavia entre una gallega y un dominicano en situación irregular procedente de Murcia, en la que participaron como falsos testigos un hermano, dos primos del principal investigado y se aportó documentación falsa como un contrato de trabajo falsificado de una empresa de Bullas.

El fin último de toda esta actividad era la obtención de importantes beneficios económicos ya que el precio exigido a los extranjeros irregulares oscilaba entre los 4.000 y 5.000 euros, de los que entre 100 y 1.000 euros correspondían a los nacionales españoles por prestarse a la formalización de la pareja, o actuar como testigos, aproximadamente otros 300 euros correspondían al pago por la obtención del contrato falso, y el resto sería la ganancia para los organizadores.

La investigación última fue desarrollada conjuntamente por las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Cartagena y de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, siendo los máximos responsables puestos a disposición judicial.