Las personas arrestadas por la Policía Nacional son vecinas de Cartagena y de Alicante. El fraude ascendió a 600.000 euros, entre cuotas de desempleo ilegalmente cobradas y el impago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores. Se tramitaron más de cien altas fraudulentas a la Seguridad Social, todos ellos de nacionalidad marroquí. Se da la circunstancia que muchos de los defraudadores, seguían cobrando la prestación por desempleo desde sus países de origen.

La Policía Nacional, en una investigación conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), procedió en los últimos dos meses, a la detención de 10 personas en Alicante y Cartagena, por su presunta participación en los delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.

El pasado mes de abril, se procedió a la detención del asesor y gestor de una empresa del sector de la construcción ubicada en la localidad alicantina de Orihuela.
Esta persona de nacionalidad española, de 45 años de edad, en colaboración con diversos intermediarios, principalmente de nacionalidad marroquí, tramitaron más de cien altas fraudulentas en la Seguridad Social, simulando la contratación de los correspondientes trabajadores. Fruto del impago de las correspondientes cuotas se generó una deuda con la Seguridad Social de más de 600.000 euros.

Fue durante los años  2011 y 2012 en plena crisis económica y especialmente en el sector de la construcción, cuando se produjo la tramitación de las altas, dándose la circunstancia que la empresa carecía de actividad tanto laboral como  económica, habiendo cesado todas sus  operaciones mercantiles. Pese a todo ello, en el periodo citado se simuló la contratación de ciento cinco  trabajadores, la práctica totalidad de nacionalidad marroquí, quienes  utilizaron los derechos adquiridos por las altas en la Seguridad Social para diversos fines.

El principal fue el acceso a prestaciones sociales por desempleo, dando de alta a los trabajadores únicamente durante el tiempo necesario para completar los periodos de cotización exigidos, siendo posteriormente despedidos. Del mismo modo en otras ocasiones se pretendía acceder a permisos de residencia, a sus renovaciones o a beneficiarse del derecho a la reagrupación familiar previsto en la Ley de Extranjería.

Es de señalar que muchos de los imputados podrían haber permanecido residiendo durante los periodos de alta y cobro de prestaciones fuera de España, siendo éste uno de los principales fraudes contra los que la policía Nacional y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) luchan conjuntamente.

Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se han anulado todos los movimientos de alta y baja de los investigados. Del mismo modo el SEPE procedió a la extinción/revocación de las prestaciones indebidamente generadas y que se aproximarían al millón de euros.

La operación ha sido desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de Cartagena y la Unidad Contra Redes de Inmigración Irregular y Falsedades Documentales de Alicante.