J.F.M.R. se enfrenta a una petición de penas de 46 años de prisión por supuestos abusos sexuales a quince chicas y un chico, todos menores de edad, en un colegio de Cartagena. La vista oral no se llegó a celebrar ayer en el juzgado de Lo Penal número 2 al pactarse un acuerdo entre acusación y defensa para dejar el castigo en ocho años de prisión, eso sí, siempre que abone la indemnización de 52.000 euros antes del once de abril. Si no lo hace, habrá juicio. Su abogado alega que nunca tuvo actitud libidinosa, mientras que los abogados que llevan la acusación particular aseguran que hay "pruebas concluyentes".

Ocho años de cárcel y una indemnización de 52.000 euros es la pena que podría tener un profesor acusado de abusar sexualmente de quince alumnas de un colegio cartagenero. Entre las víctimas también figura su sobrina. La vista quedó ayer aplazada para el 11 de abril, en la cual, si no ha abonado el dinero, se enfrentaría a una petición de 46 años de prisión. Si ha pagado, la pena se rebajarán hasta 8 años de carcel, tras aplicar la atenuante de reparación del daño y convirtiendo algunos abusos en tentativas.

Los supuestos hechos se sitúan entre los años 2006 y 2009 y se destaparon a raíz de las quejas de unos padres ante la consejería de Educación, que comenzó a investigar. Según el informe del Ministerio Fiscal, el profesor realizó en diversas ocasiones tocamientos a las alumnas en el centro de estudios por debajo de la ropa, a pesar de las negativas de ellas. En alguna ocasión les había dicho que si no se dejaban les suspendería el curso, señala el informe. El acusado, J. F. M. R., a través de su letrado, Joaquín Sánchez, asegura que los actos se han confundido y que en ningún momento eran libidinosos, si no todo lo contrario, "ya que se trata de una persona muy cariñosa", añadió su abogado.

La Comunidad Autónoma también es responsable civil subsidiariamente pues, tras pasar seis meses en prisión y tener conocimiento de los hechos, el acusado siguió dando clases en otro centro de Torre-Pacheco durante un año y medio, aproximadamente. Durante todo ese tiempo, asegura su letrado, no ocurrió incidente alguno e incluso, los padres de los alumnos se ofrecieron para hablar con los responsables de la Comunidad Autónoma para que no cesara su trabajo en el centro. El letrado asegura que en algunas declaraciones de las jóvenes, entre las que se encuentran su sobrina, comentaban que no querían que le pasara nada malo a su profesor.

La Fiscalía lleva la acusación pública, mientras que la particular la representan cinco abogados, entre los que figuran  Carmen Guillén Grima y Jesús Giménez Gallo, del despacho de  Vicente Pérez Pardo, y María José Roldán. "Hay pruebas más que concluyentes de sus abusos sexuales, pero hemos aceptado la posibilidad de alcanzar un acuerdo porque no queremos que los chicos pasen por esta mala experiencia", indica Jesús Giménez. Ayer no estuvieron los menores, también por el mismo motivo, ante la posibilidad de cerrarse el acuerdo al principio indicado.

La petición fiscal de condena se concreta en 15 delitos continuados de abusos sexuales y un delito de intento de abuso sexual. Por los primeros se le piden 3 años de cárcel para cada uno y un año por el segundo. La responabilidad civil es de 3.000 euros para los delitos de abusos y de mil para el intento. Además, solicita la prohibición de aproximarse a las víctimas, a una distancia no inferior a 500 metros y la inhabilitación durante 12 años.