La Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), cuyo gabinete jurídico lo lleva el abogado Manuel Martínez Pastor, denuncia la "corrupción" en las tarifas del servicio municipal de agua potable.

La demanda (pulse AQUÍ para leer el recurso) presentada en la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, contra la orden de las nuevas tarifas del agua potable en la ciudad, centra su desarrollo en que es la empresa concesionaria del agua "la que obtiene beneficios económicos a costa de los ciudadanos, a pesar de considerarse el agua como un bien esencial para poder mantener la vida digna".

La Asociación considera que la orden recurrida, de 5/3/2012, se ha realizado con intención de dar apariencia de legalidad a unas tarifas "abusivas y sin competencia", pues  "es un servicio municipal obligatorio en régimen de monopolio", añaden.

Asepucar denuncia que la ciudadanía se encuentra indefensa ante las tarifas y que no hay ningún tipo de control por parte de la Administración Pública. Además, el estudio de costes de la empresa concesionaria de agua presenta costes estimativos, sin contrastar con las cifras reales de gastos de explotación, aseguran desde la Asociación.

Entre otras cuestiones reclamadas, destaca la del número de controles de cloro en la red que realizan cada año, en donde figuran 70.080 para el año 2012 con 4 operarios. Según los datos calculados por Asepucar, "si los 4 operarios trabajan un total de 271 días al año, se harían 259 controles al día y 65 por operario. Si se supone que emplean 15 minutos por cada control, necesitarían 16 horas al día por operador", lo que califican de "disparate".

En el recurso interpuesto, defienden que las tarifas del agua son una tasa, sujetas al principio de capacidad de pago, por lo que quien no tenga capacidad de pago no deberá pagar el caudal mínimo que se determine como imprescindible para vivir.

Evolución de las tarifas del agua desde su privatización: