La Audiencia Provincial ha acordado que la instrucción iniciada por la denuncia de dos agentes de la Policía Local de Los Alcázares contra el alcalde, Anastasio Bastida (imagen superior), por coacciones e insultos, sea incoado como diligencias previas en un posible delito de coacciones y no como falta, como estableció en un primer momento un juzgado de San Javier. La letrada cartagenera Esther Guzmán Linares (en la fotografía de la derecha) lleva a los dos municipales en un asunto en el que la primera autoridad de Los Alcázares pasa a estar imputados.

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Dos agentes de la Policía Local de Los Alcázares denuncian al alcalde por insultos

El 12 de octubre del pasado año surgió el problema después de que los agentes multasen diversos turismos que estaban aparcados sobre las aceras en Los Alcázares en dicho día festivo. Cuando se disponían a retirar con la grúa uno aparcado en el espacio destinado a la terraza de un pub de la localidad, ambos aseguraron que llegó el alcalde. También afirman que Anastasio Bastida arremetió contra ellos con insultos y amenazas, y que, posteriormente, el sargento de la Policía Local les exigió que pidiesen disculpas. Al no aceptar, se les abrió un expediente disciplinario.

Paralelamente, los agentes denunciaron al alcalde y un juzgado de San Javier decidió que el asunto derivaría en un juicio de faltas. Los policías, a través de la letrada Esther Guzmán Linares, recurrieron alegando que debía ser diligencia previa. Otra vez fue rechazada la petición por la jueza, enviándose el siguiente recurso a la Audiencia Provincial, que le da la razón, pues considera que el asunto debe ser incoado como diligencia previa en una instrucción o investigación por un posible delito de coacciones.

Entre las diferencias de que el asunto sea falta o delito está que en el primer caso el asunto deriva en una multa económica y no se le toma declaración como imputado al acusado. Al ser delito, el alcalde pasa a estar imputado pues la causa podría llegar a tener pena de prisión. 

Además del asunto jurídico, los sindicatos llevan el tema del expediente administrativo, que solicitan se paralice hasta que se resuelva la vía judicial.