Auto de fecha 19 de junio de 2012 del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que establece que el particular condenado en costas por sentencia en procedimiento contencioso-administrativo no tiene obligación de abonar los gastos de arancel del procurador que designó la Administración demandada para su representación en juicio.
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