Una empresa de derribos y desescombros que fue demandada por dos trabajadores que fueron despedidos. Antes de entrar en la sala de Lo Social número 1 de Cartagena, se selló el acuerdo alcanzado entre las partes, por el que cada empleado cobrará 30 días por cada uno de los seis años trabajados.

El motivo de este despido fueron 'causas objetivas', por las perdidas económicas que sufría la empresa por la crisis, aplicándose la norma establecida en la etapa de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de la Nación al ser anterior a la Reforma Laboral de Mariano Rajoy.

Raquel Fernández y Francisco Antón han sido los abogados que han intervenido en este asunto.