La Policía Nacional, gracias a la estrecha colaboración con el Registro Civil de Cartagena. y partiendo de informaciones obtenidas en los últimos meses en las operaciones policiales realizadas en el centro de la ciudad relativas al control y erradicación de la prostitución en la zona, ha desarrollado una importante investigación en la tramitación de matrimonios fraudulentos. El resultado ha sido la detención de 21 personas acusadas de concertar matrimonios de conveniencia, unos enlaces que suponía la autorización inmediata para residir en España de ciudadanos extranjeros en situación irregular. La operación policial ha sido bautizada como 'arras' y ha tenido como protagonistas, principalmente, a mujeres de origen marroquí y suramericano.

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Matrimonios sin amor

Amañaron doscientos matrimonios de conveniencia desde Torre-Pacheco y Los Alcázares

Pagaban de 500 a 3.000 euros por contraer matrimonio con un ciudadano extranjero

Fruto de los dispositivos de control de la inmigración ilegal en la zona centro de Cartagena, se detectó un notable incremento del número de expedientes de matrimonio en los que los promotores eran, por un lado ciudadanos comunitarios y por otro, nacionales de terceros países no comunitarios.

Con la celebración del enlace, nacionales de países no pertenecientes al Espacio Schengen y principalmente de nacionalidad marroquí,  accedían automáticamente a la autorización de residencia en España como familiares de ciudadanos comunitarios, según prevé la legislación vigente. Dichas autorizaciones les permitían obtener tarjetas de residencia de validez permanente y renovable cada cinco años.

De esta forma se eludía fraudulentamente la obtención de residencia en España conforme al Régimen General regulado en la Ley de Extranjería, y el cual exige requisitos más exhaustivos.

Los ciudadanos extranjeros pagaban cantidades comprendidas entre 3.000 y 6.000 euros a los comunitarios, a cambio de que éstos contrajesen matrimonio y realizasen otros trámites administrativos simulando la relación.

En líneas generales, los contrayentes eran ciudadanos extranjeros que tras varios años en España no habían podido regularizar su situación por los procedimientos previstos en la Ley de Extranjería (arraigo social, laboral, renovaciones…) con ciudadanos españoles o comunitarios que, con ánimo de lucro, aceptaban la suculenta oferta pese a no haber llegado a mantener ningún tipo de relación con el otro contrayente.

Tanto unos como otros, en la mayor parte de los casos, contaban con antecedentes policiales y judiciales por diversos ilícitos penales, como robos con violencia, hurtos, lesiones o prostitución.

Normalmente se trataba de ciudadanas marroquíes o sudamericanas que ejercían la prostitución en el casco antiguo, concretamente, en las calle San Fernando y Plazas San Francisco y El Lago.

Los futuros matrimonios “amañados” iniciaban sus contactos a través de encuentros sexuales celebrados en pisos del centro de la ciudad. A raíz de los mismos bien los clientes, bien las propias prostitutas, dependiendo de quien se encontrase en situación irregular en el país, pactaban la cuantía del enlace a celebrar.

En los hechos también están imputados, como cooperadores necesarios en la consumación del delito, un considerable número de testigos que, aportados por alguno de los contrayentes, dejaban constancia, falsamente, ante el Registro Civil de la supuesta relación sentimental entre ellos. Hacer constar que la declaración de este testigo es condición necesaria para que el trámite pueda culminar con la celebración del enlace.

Después de la celebración de los matrimonios fraudulentos, los ciudadanos extranjeros acudían a la Oficina de Extranjería a fin de conseguir inmediatamente la residencia comunitaria que les habilitaba tanto para residir como para trabajar en España.

El último de los detenidos fue puesto a disposición judicial el pasado sábado día doce, acusado de delitos de falsedad documental y amenazas ya que éste cobró más de 6.000 euros a una prostituta de origen marroquí a cambio de la celebración del enlace, y posteriormente continuó requiriendo el pago de nuevas cantidades bajo amenazas contra su integridad física y de divorcio, con lo que ésta perdería la residencia en España.

Los hechos han sido puestos en conocimiento tanto del Registro Civil como de la  Fiscalía a fin de que se proceda a la oportuna revocación de los matrimonios celebrados, así como de la Oficina de Extranjería para la extinción de las correspondientes tarjetas.

En cómputo global se han detenido a  21 personas de diversas nacionalidades (colombiana, española y marroquí), y a la imputación de otras cuatro.

Estas investigaciones han sido llevadas a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Cartagena que no descarta nuevas detenciones en las próximas semanas.