Agentes de la Comisaría de Cartagena han detenido a seis personas por simulaciones de delito cometidas durante los últimos tres meses. Las denuncias fraudulentas relataban en su mayor parte robos con violencia e intimidación. La simulación de delitos está contemplada en el Código Penal español como un delito contra la Administración de Justicia, cuya comisión conlleva pena de multa de seis a doce meses, junto con la generación de antecedentes penales.

Dichas actuaciones han supuesto la detención de las personas que han realizado las citadas denuncias, que en la mayoría de las ocasiones tenían como objetivo generar un documento administrativo que sirviera de base para la reclamación fraudulenta ante compañías de seguros.

En muchas ocasiones, estas simulaciones tienen como objetivo la reclamación ante compañías de seguros, acción esta también delictiva, si bien en este segundo acto, la figura penal aplicable sería la de la falta o delito de estafa, dependiendo del importe defraudado.

La casuística es diversa, aunque en la mayoría de los casos consiste en denunciar un robo violento donde hubo un hurto o un simple extravío de efectos.

De este modo, se han esclarecido los inexistentes robos de una mochila conteniendo un teléfono móvil, siendo la realidad que el denunciante quiso ocultar a su madre una factura telefónica por valor de 340 euros por llamadas a líneas eróticas; el robo con intimidación de 300 euros y su posterior detención ilegal hasta su domicilio, simulando así un secuestro, cuando en realidad lo ocurrido fue un engaño mediante el timo de la estampita y su pretensión de cobrar de la compañía aseguradora a través del seguro de hogar; la supuesta extracción del cajero automático de distintas cantidades de dinero, demostrándose posteriormente que las transacciones las había realizado el titular, o incluso la llamada al servicio de emergencias (112), comunicando falsamente que había matado a su mujer.

Este tipo de denuncias fraudulentas suponen una importante distracción de efectivos policiales, que han de dedicarse a investigar supuestos robos violentos u otro tipo de infracciones, generalmente graves, que nunca tuvieron lugar, además de una estafa a las compañías aseguradoras. Una vez remitidos los atestados a la autoridad judicial pueden conllevar la práctica de otras diligencias igualmente inútiles por la falta de veracidad de los hechos. Es por este motivo por lo  que se considera que estas actuaciones atentan contra el correcto uso y funcionamiento de los mecanismos que la administración de justicia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad ponen a disposición de los ciudadanos.