El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya, entregó un ejemplar de la memoria judicial de 2010 al presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Francisco Celdrán Vidal, para a continuación comparecer, a petición propia, ante la Comisión de Asuntos Generales, Institucionales y de la Unión Europea, para informar detalladamente a los diputados miembros de la comisión, sobre dicho informe.

La Región de Murcia se encuentra entre las regiones con más volumen de litigiosidad, aunque también tiene de las más altas tasas de respuesta. En ese terreno de sobrecarga de trabajo destacan los juzgados de San Javier, que están entre los 50 partidos judiciales con más saturación de España, destacando el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, que es el líder de las salas judiciales. Martínez Moya anuncia la incorporación, en febrero, de cuatro nuevos jueces titulares a los juzgados de San Javier, que figuraban hasta ahora en el ranking de los más saturados de España. "El pasado año no se ampliaron las unidades judiciales en la Región, pero este año vamos a contar con nueve jueces titulares más, con lo que, prácticamente, vamos a tener toda la planta judicial, los 145 órganos de plazas judiciales cubiertas por jueces profesionales".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia también precisó que, a falta de cerrar el ejercicio 2011, los indicadores del pasado año advierten de que el volumen de litigios "comienza a descender, pero siempre manteniéndose en unas cifras muy elevadas". También aseguró que no se puede hablar de colapso, pero sí de que ese aumento ralentiza la aplicación de la Justicia.

Martínez Moya reconoce que la crisis ha sobrecargado los órganos judiciales, sobre todo en el ámbito laboral, así como en la jurisdicción civil, por las reclamaciones de cantidad y ejecuciones hipotecarias, y en lo mercantil con los concursos de acreedores. "Son necesarios procedimientos mucho más ágiles y simplificados, instrumentos legislativos para situaciones especiales que permitan dar respuestas prontas que no lleguen tarde". En el asunto de los desahucios, expresó que los jueces tienen que aplicar la Ley, pero que la situación de que las familias puedan tener una vivienda pone "en juego la dignidad de la persona y eso nos debe mover a todos a una reflexión", abogando por análisis individuales de cada caso.