El Tribunal Supremo ha condenado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pagar los gastos de alquiler que tuvo que afrontar el juez Carlos Martínez en Granada, donde perdió la plaza y se vio obligado a trasladarse a  Cartagena, donde ha ocupado la sala de Primera Instancia número 5 hasta el pasado mes de mayo. Al juez se le impuso una sanción que posteriormente fue anulada por haber caducado el expediente sancionador.

Carlos Martínez Robles, como juez de Lo Penal número 1 de Granada, fue suspendido en enero de 2006 por un período de ocho meses como autor de una falta muy grave de desatención o retraso reiterado o injustificado en la incoación y resolución de procesos y causas, lo que conllevó la pérdida de su destino en Granada. Sin embargo, en mayo de 2008 el Supremo admitió el recurso contencioso-administrativo que presentó contra esta sanción y la anuló al apreciar la ‘caducidad’ en el expediente sancionador. Entonces, el recurrente reclamó 36.468,93 euros por los 14 meses que se vio obligado a vivir en Cartagena, aunque luego permaneció 11 meses más, así como los gastos de agua, electricidad y desplazamientos a Granada que tuvo durante estos meses y las dietas que, a su juicio, tenía derecho a percibir.

Perdida de destino
La resolución judicial, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Sieira, concluye que el togado "tiene derecho a ser resarcido de los perjuicios causados por hallarse destinado en Cartagena, por causa de la pérdida de su destino en Granada como consecuencia de una sanción que resultó anulada".

El tribunal considera como "prejuicio indemnizable y probado" el referido a la casa, aunque sólo en el limitado al periodo indemnizable y no a todo el pretendido, y rechaza el correspondiente a las dietas, que "debía asumir el demandante a su costa en todo caso", y el de los viajes de fin de semana porque "no hay ninguna prueba de los mismos".

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Vicente Conde, quien sostiene que no existe un "nexo causal" entre la suspensión del CGPJ y el concreto perjuicio sufrido por el juez, ya que, a su entender, se desplazó a Cartagena después de haber optado a otra plaza en Granada que no le fue asignada.