El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, ha desestimado el recurso de Navantia y estima el que también presentó un militar que estaba dentro del 'Tramontana' cuando, en el año 2007, el submarino se desenganchó del dique de los astilleros y salió hacia el Real Club de Regatas de Cartagena. El juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena fijó la responsabilidad civil de Navantia en 31.644,66 euros, cantidad que ahora la Audiencia ha elevado a 37.628,71 euros, más los intereses legales, a abonar a un militar que ha quedado inútil para el servicio y psicológicamente muy dañado para desarrollar su vida habitual.

El accidente tuvo lugar en septiembre de 2007, cuando el submarino se desenganchó del astillero, donde estaba siendo reparado, y a punto estuvo de chocar con el club de regatas ubicado junto a la Terminal de Cruceros. Dentro del sumergible iba un militar, quien denunció las lesiones que sufrió y la situación de miedo que vivió y que desde entonces no ha podido seguir con normalidad su vida personal y laboral, padeciendo un 'trastorno de estrés postraumático'. Un perito que intervino en el juicio ofreció un informe que refleja que sufre "una anamesis que indica graves alteraciones de la vida diaria: miedo, dificultad para salir a la calle solo, dificultades en la conciliación del sueño, desánimo, desinterés, tristeza y sensación de negatividad. Dicho cuadro muestra claramente una situación de afectación en su vida diaria". También cabe apuntar que la Junta de Evaluación Permanente le ha declarado inútil para el servicio.

Tras no llegarse a un acuerdo en el acto de conciliación, el asunto llegó al juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena, que condenó a Navantia al pago de 31.644,66 euros. Ambas partes recurrieron. El militar discutía los días cuantificados como impeditivos, mientras que Navantia alegaba prescripción en la demanda, cualquier tipo de responsabilidad y el alcance de los daños, además de la relación de causalidad entre ellos y el accidente que sufrió el actor.

El tribunal, tras rechazar que la demanda fuera presentada fuera de plazo (no había transcurrido un año), entra en la responsabilidad de Navantia, que considera lo sucedido como fortuito y que sería la Armada la responsable única de las medidas de seguridad internas del submarino, en especial por el cierre de escotillas. El ponente, Miguel Ángel Larrosa, remarca como causas: "(...) revirado de la cadena, falta de apreciación de la situación del muelle que provocó el trincado del dique sobre el muelle y la caída del submarino como consecuencia de un movimiento brusco en una maniobra que debe desarrollarse de forma muy lenta y controlada" y más adelante señala: "queda claro que el desencadenante de todo el accidente es la rotura de la codera norte, pues es este hecho el que provoca todo lo sucedido posteriormente, pues provoca el desplazamiento del dique hacia el muelle, el desnivel de dicho dique hundiendo la popa en el agua, lo que motivó la maniobra de soplado descrita por ambos testigos para equilibrar el dique, y cuando estaba equilibrado la posterior pérdida de apoyo del dique con relación al muelle y la definitiva inclinación del dique que provocó la caída al agua del submarino. De la declaración de ambos testigos se desprende igualmente que la responsabilidad del buen estado de la codera que se rompió correspondía a Navantia".

Rspecto a la escotilla, apunta que era responsabilidad de la Armada y que influyó en los daños sufridos por el militar, "pero también es evidente que dicha influencia es de menor intensidad que la que corresponde a la apelante, y por ello es correcta la distribución de responsabilidad realizada por la sentencia apelada, que igualmente debe ser confirmada en este extremo".

Respecto a la relación de la enfermedad psíquica que padece el militar con el accidente, resalta que antes de ese incidente no tenía problema alguno en ese sentido.

Sí le da la razón al militar, que reclama que todos los días de incapacidad temporal sean considerados como impeditivos, aumentando la indemnización a recibir.

El militar ha estado representado en esta causa por Luis Gómez Navarro (procurador) y Pedro Arroyo Tous (abogado), mientras que Pedro Hernández (procurador) y Antonio García Sáenz (abogado) defendieron lso intereses de Navantia.