La implantación y problemas que está ocasionando la Nueva Oficina Judicial (NOJ), "un proceso que ya no tiene retorno y por el que hay que seguir apostando", ha sido otro asunto abordado por Martínez Moya, junto con las transferencias de Justicia a la Región.
Nueva Oficina Judicial
La Región de Murcia fue una de las 8 ciudades elegidas para el despliegue de la oficina  judicial en los órdenes jurisdiccionales Social, Contencioso-Administrativo – órganos unipersonales y colegiados- y para los juzgados de lo Penal.  "Es un proceso de amplio calado que exige tiempo para su balance".

Incidencias se han producido: "Un deficiente sistema de gestión procesal (Minerva), que no cumple expectativas, con rigidez y continuas caídas del sistema), y cierta tendencia a la excesiva burocratización de la gestión del proceso, debida a varios factores, entre ellos, un servicio común de ordenación del procedimiento infradotado en su personal, y, sobre todo, la ausencia de la implantación del expediente digital. El modelo de oficina judicial está íntimamente vinculado al expediente judicial electrónico, herramienta que la Sala de Gobierno ha demandado con fuerza al Ministerio de Justicia. Ahora bien, una cosa es tratar de remover obstáculos propios de un sistema nuevo, incluso ser prudentes al momento de proponer la extensión del modelo de oficina judicial a otros órdenes, y otra cosa bien distinta es negar el reconocimiento de que la oficina judicial es un proceso que no tiene retorno y por el que hay que seguir apostando, pues el nuevo modelo permitirá incrementar la plantilla de jueces más rapidez y evitar costes innecesarios". 

Transferencias de Justicia
Al término del año 2010 se produjo una noticia inesperada. El acuerdo sobre la transferencia de las competencias de Justicia, y su efectividad prevista para enero de 2011, se cancela. Y ante ello, el TSJ sólo puede mostrar respeto al diálogo Estado y Comunidad Autónoma.

"Con todo, la situación de crisis económica y recortes presupuestarios a la Comunidad Autónoma, y el proceso de modernización en el que los órganos judiciales de la Región están inmersos (oficina judicial, implantaciones tecnológicas, creación de órganos judiciales, y construcción de infraestructuras judiciales de gran magnitud), unido a los proyectos de leyes orgánicas (tribunales de instancia), procesales (medidas de reducción de litigiosidad, Ley de mediación y de la jurisdicción Laboral) y tecnológicas (Ley de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia); no parecen conformar un escenario propicio para culminar este proceso en breve espacio de tiempo. Fundamentalmente por dos razones: por el ritmo de los esfuerzos e inversiones en marcha y por la necesidad de prever un plan estratégico de Justicia en nuestra Región".