Ayer, siete de julio, entró en vigor el Real Decreto-Ley 8/2011, de uno de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, con importantes modificaciones legislativas, procesales y procedimentales.
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