Los productores audiovisuales han recurrido a la vía judicial para reclamar a la televisión autónoma La7RM una inversión pendiente superior a los dos millones de euros; inversión que debe producirse por ley, pero que no se ha realizado, según la propia información facilitada por los gestores de La 7 al ministerio de Industria.
Todas las televisiones públicas están obligadas a invertir en cine europeo, al menos, el 5% de sus ingresos anuales. Entre los años 2007 y 2009, La 7 sólo invirtió en cine, film TV y los considerados ‘otros productos’ 3,8 millones de euros en lugar de los 5,9 millones que debió haber invertido. Estos 5,9 millones representan el 5% de los 118,2 millones de euros en ingresos en estos ejercicios y aún está pendiente de conocer los ingresos correspondientes a 2010 y, por tanto, el porcentaje que se debe invertir en este año.

La Asociación de Empresarios de Producción Audiovisual de la Región de Murcia (Apromur) está preparando una denuncia contra los responsables de esta televisión y como paso previo han pedido el amparo al Defensor del Pueblo, según confirma Enrique Ortuño, presidente de Apromur. En su escrito al Defensor, Ortuño reclama también conocer cuáles fueron las producciones financiadas, pues sospechan que se han incluido programas de entretenimiento en lugar de cine -tanto ficción como documental-, como establece el Real Decreto 1652 de 2004 y posteriormente la Ley General de la Comunicación Audiovisual de marzo de 2010.

Ortuño afirma que en los últimos años no está llegando “ni un solo euro” a los productores de la Región a través de la televisión autonómica, una situación que ha colocado en una situación límite a las 25 empresas miembros de Apromur, única asociación reconocida por la patronal CROEM.

Denuncian los productores que su sector está reconocido como “estratégico” por el Plan de Industria aprobado por el Gobierno regional. Sin embargo, La 7, según denuncian, apenas contrata y cuando lo hace es con empresas foráneas.

La situación que viven los productores en la Región es similar a la que atraviesan sus homólogos de Aragón y Baleares, las dos únicas comunidades en las que, como Murcia, se está incumpliendo la Ley. No así en el resto de regiones con televisión autonómica que sí han decidido apostar por la producción regional para sus parrillas de programación.