El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una norma para mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores. Se trata de un sistema de formación que combina un curso específico, un periodo de prácticas y una prueba final. Se trata de un sistema similar al que viene desarrollando la Escuela de Prácticas Jurídicas San Isidoro y el Colegio de Abogados de Cartagena desde hace años, que ahora pasa a ser obligatorio y con un formato específico.

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El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Justicia, Francisco Caamaño, y de Educación, Ángel Gabilondo, aprobó el pasado viernes 3 de junio, a través de un Real Decreto, el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.

La norma tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores, con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de mayor calidad.

Para alcanzar este objetivo, la Ley establece un sistema de formación basada en la excelencia con tres pilares básicos: realización de un curso formativo específico; desarrollo de un periodo de prácticas y, en tercer lugar, una prueba para la evaluación de la aptitud profesional.

En la elaboración del reglamento, además de los ministerios proponentes, han participado representantes de las universidades y facultades de Derecho, de la abogacía y la procura institucional, y se ha tenido en consideración la opinión de estudiantes de enseñanzas jurídicas.
Quienes deseen realizar el curso deberán estar en posesión de un título universitario que acredite determinadas competencias jurídicas, que se indican en el Real Decreto, y que se consideran adquiridas por los licenciados o graduados en Derecho. Los cursos se impartirán en Universidades y Escuelas de Prácticas Jurídicas.

Mediante el nuevo sistema de formación, los futuros abogados y procuradores españoles se situarán al mismo nivel de capacitación profesional de sus homólogos europeos, con quienes podrán competir en situación de igualdad en el contexto de un mercado de libre prestación de servicios.