El juicio contra un hombre acusado de cometer, en el año 2004, dos delitos de abusos sexuales sobre menores y dos delitos de acoso sobre empleadas en una escuela hogar de Santiago de la Ribera (San Javier) no se celebró al llegar a un acuerdo las partes para fijar una sentencia de conformidad, en la que será condenado por dos delitos acoso sexual a empleadas y dos faltas de vejaciones a menores.

La fiscal Pilar Romera y la acusación particular, representada por la letrada María Dolores García León, pedían penas superiores a siete años de prisión por abusos a dos menores y agresión sexual a dos empleadas, mientras que la defensa, que llevó Luis Castillo Ramos, pedía la absolución de su cliente.

Treinta y cuatro personas estaban ayer mañana, a las diez, como testigos en la puerta de la sala de vistas de Lo Penal número 1 de Cartagena. Sin embargo, pese al arduo trabajo de convocar a tantas personas, el juicio no llegó a celebrarse tras una negociación que se prolongó por espacio de una hora.

La primera oferta que se barajó era dejar en multas los delitos de acoso en multas y los otros dos en vejaciones, más el pago de la indemnizaciones y la inhabilitación de seis años para ejercer la docencia. El acusado, pese a que está jubilado, rechazó la oferta asegurando que era inocente.

Cuando ya parecía que iba a comenzar la sesión, una nueva opción surgió, siendo esta vez aceptada por todas las partes. El acusado, en la sentencia que emita el juez Faustino Gudín Rodríguez, será condenado a dos delitos de acoso sexual sobre las empleadas (incluye la inhabilitación) y por dos faltas de vejaciones sobre las menores. En total, pagará unos 6.000 euros y se dará 'carpetazo' a un asunto que se iba a juzgar seis años después de cuando se generó.