Los abogados de un hombre que debe entrar en prisión por un delito cometido hace diez años temen que su cliente se reenganche a la droga, pues tendría que interrumpir el tratamiento de rehabilitación.

El acusado fue condenado en 2002 a una pena de siete meses de cárcel por una tentativa de robo cometido en el colegio Hermanos San Isidoro y Santa Florentina, en Cartagena, además del pago de 174 euros, que ya desembolsó. La condena penal quedó en suspenso al carecer entonces de antecedentes, pero tiempo después volvió a cometer un delito en Elche, donde fue condenado también a prisión. Cuatro años más tarde ha llegado la comunicación a Cartagena de ese segundo delito cometido, lo que supone activar la condena del primero, que quedaba en suspenso sino reincidía. Siguiendo el trámite habitual, el juzgado de Lo Penal número 1 ha emitido el auto de que esta persona ingrese en prisión esta semana.

Sin embargo, "las circunstancias son muy diferentes ahora a cuando fue condenado", explican los abogados Miguel Ángel Pouget y Antonio Sánchez Aliaga yel procurador Esteban Piñero en el escrito dirigido al juez para solicitar que no se lleve a cabo ese ingreso en prisión durante siete meses y sea sustituido por trabajos a beneficio de la comunidad durante el mismo período de tiempo.

El motivo es que temen que este hombre recaiga en su adicción a la droga, cuya tratamiento está llevando de forma muy positiva desde el pasado 12 de junio de 2009, cuando inició un Programa de Rehabilitación y Desintoxicación de su adicción a sustancias tóxicas, cuya duración es de 18 meses, de los que sólo han pasado doce.

Los letrados consideran que esa orden "llega muy tarde, tanto que los fines a los que social y legalmente está destinada pueden convertirse en todo lo contrario al interrumpirse de forma brusca su rehabilitación". Más adelante indican que ingresar en un centro penitenciario pondrían al cliente "en contacto estrecho y directo con el mundo de las drogas, que ha conseguido casi abandonar".

"Justicia pues que, por tardía, será contraproducente, obteniendo resultados contrarios a los queridos por el legislador y por los principios inspiradores de nuestro sistema punitivo", también expresan. También remarcan que ese robo cometido en el colegio se produjo 21 días. después de cumplir 18 años, junto a otros dos jóvenes, además de que no obtuvo botín alguno y causó daños mínimos.