Dos jueces, uno de Lo Social y otro de instrucción, han dado la razón a un empresario en la demanda que le presentó un ex trabajador, quien aseguraba no haber firmado la liquidación de despido voluntario que presentó su ex jefe y que dio origen a un doble proceso ante una posible falsedad documental.

Un trabajador demandó a un taller del polígono industrial Cabezo Beaza, reclamando una indemnización por despido improcedente por haber trabajado en esa empresa desde 2005.

El juicio se celebró en el juzgado de Lo Social número 1 de Cartagena y la parte demandada, representada por la abogada Mercedes García-Ortega, expuso que el trabajador informó en diciembre de 2007 que dejaba el taller y firmó la liquidación de despido. Un mes más tarde volvió a pedir la plaza y se le contrató por cuatro meses, de los que el último estuvo con la baja médica. La letrada rechazó de plano el pago de la indemnización y de los salarios de trámite, cuya cantidad hubiese rebasado los 30.000 euros.

El trabajador alegó en el juicio que la firma de la liquidación de despido no era suya, por lo que el proceso laboral se quedó pendiente de sentencia y se abrió otra causa por la vía penal ante un supuesto delito de Falsedad Documental por parte del empresario. Tras un informe de un perito calígrafo, el juez de Instrucción número 2, Jacinto Aresté, archivó el asunto penal al no existir falsedad, pues la firma sí era del denunciante.

Entonces también falló el juez Carlos Contreras, rechazando en su sentencia las pretensiones del trabajador.